La ley obliga a las Comunidades de Propietarios a protegerse de los accidentes que puedan sufrir sus proveedores

La mayoría de las Comunidades de Propietarios tiene dudas sobre si están obligadas a cumplir con la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), cuyo objetivo es proteger la salud y el estado físico de los trabajadores, propios y ajenos , informando de los riesgos que conllevan sus puestos de trabajo y de las medidas preventivas de seguridad que deben llevar a cabo para proteger su integridad y salud. La variedad de situaciones que se dan en las Comunidades provoca un gran desconocimiento sobre la aplicación de la norma. No obstante, esto no exime ni a la Comunidad ni al Administrador de Fincas, incluso en aquellas Comunidades que no tienen empleados contratados, de su cumplimiento por lo que, es conveniente arrojar luz sobre los diferentes supuestos que se pueden dar.

Cuando las Comunidades tiene trabajadores contratados. En este caso, como es lógico, tienen que cumplir con lo dispuesto en la normativa como cualquier otra empresa que tiene trabajadores a su cargo.
Las Comunidades de vecinos que no tienen trabajadores y que externalizan servicios como la limpieza, la vigilancia o el mantenimiento a terceros. En ese caso, están obligadas, según el Real Decreto 171/2004, a comunicar los riesgos y las medidas preventivas y de emergencia que rigen en el edificio para cumplir la PRL, en la medida que la Comunidad de Propietarios es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca y, en el caso de que una persona que ofrece un servicio externo sufriera un accidente laboral, éste podría ser responsabilidad de la Comunidad.
Cuando la Comunidad realiza algún tipo de obra en el edificio. Estos casos se rigen por el Real Decreto 1627/1997, debido a que comunidad de vecinos actúa con carácter de promotora de sus propias obras, y, por lo tanto, debe cumplir la PRL con todos los requisitos asociados al proyecto de la obra.
El incumplimiento, voluntario o no, por parte de la Comunidad o del Administrador conlleva una serie de sanciones tanto administrativas como penales, que pueden suponer un importante desembolso económico. Las multas de carácter administrativo van desde los 40 hasta los 2.045€ si son leves, de los 2.046€ a los 40.985€ las graves, y de los 40.986 hasta los 819.780€ las muy graves. En caso de llegar a ser necesaria la vía penal, pueden llegar a fijarse penas de cárcel de seis meses a 3 años para los responsables.

Precisamente por este motivo, es imprescindible que las Comunidades de Propietarios cuenten con un buen asesoramiento por parte de los Administradores de Fincas Colegiados. Para ayudarles en esta tarea, IESA pone a su disposición, a través del portal tucomunidad.com, un servicio de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, con todos los mecanismos para registrar el estado en el que se encuentran las comunidades que gestionan respecto a la PRL y la documentación acreditativa de haber realizado su labor de asesoramiento en PRL a los trabajadores o proveedores, ayudándoles a cumplir de forma sencilla con todos los requisitos en materia de prevención.

Cómo va a afectar la llegada de la liberación del Segundo Dividendo Digital y el 5G

El pasado 21 de junio el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 391/2019, con el que se ponía en marcha el reloj para la liberación del Segundo Dividendo Digital, que contempla el apagado de los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la banda de los 700 MHz para permitir el desarrollo de la tecnología 5G. La hoja de ruta marcada por el Gobierno establece una carencia de seis meses, en la que los canales emitirán simultáneamente en la banda de 700 MHz y en alta definición (HD), para que los usuarios resintonicen los canales con el objetivo de que en junio de 2020 esta banda esté totalmente desocupada.

Este proceso será sencillo en el caso de las viviendas unifamiliares o edificios con sistemas de amplificador de banda ancha, cuyos propietarios solo tendrá que volver a resintonizar los canales desde la opción de ajustes de sus televisores. En el caso de las comunidades de vecinos, este apagón tecnológico implicará una adaptación de las instalaciones de recepción. Se estima que en esta situación se encuentran 1,3 millones de edificios, el 55% de los hogares en todo el país. No obstante, el desembolso y complejidad de este proceso dependerá del cambio que realizaron en 2015, cuando se produjo la primera resintonización de la TDT y que supuso la liberación de la banda de los 800 Mhz para dar paso a la mejor implementación del 4G por parte de las operadoras móviles.

Primer paso: Identificar cómo se hizo la primera resintonización de la TDT en 2015

El primer paso para embarcarse en este proceso es que el Administrador de Fincas, identifique si el edificio cuenta con cabeceras modulares o si está equipado con centralitas programables. En este último caso, la adaptación a las nuevas frecuencias de emisión será mucho más sencilla, ya que únicamente será necesario reprogramar el sistema operativo ya instalado. Hablamos de un escenario que representa entre el 15 y el 30% del total de los equipos de las comunidades.

En el supuesto de que cuente con cabeceras modulares, estamos ante un proceso más complejo y costoso, ya que será necesario instalar nuevos módulos para dar cabida a las bandas en las que emitirán los canales de la TDT de forma única, a partir del 30 de junio del próximo año. Esta actualización tecnológica deberá ser sufragada obligatoriamente por todos los vecinos, tal y como se recoge en la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 9 e) , en la medida que la antena colectiva es recogida como un elemento común en el artículo 396 del Código Civil. Para afrontar este desembolso, las comunidades pueden solicitar a través del Administrador de Fincas y vía web, las ayudas aprobadas por El Consejo de Ministros. Cada subvención individual oscila entre 104,3 y 677,95 euros, en función de las instalaciones, para cubrir el 100% de la adaptación, según el Gobierno.

Pero, ¿a quién recurrir para hacer esta adaptación de la antena? Tanto si hay que reprogramar la centralita como si hay que instalar nuevos módulos, el Administrador de Fincas como representante de las comunidades de vecinos, tendrá que contratar a un instalador autorizado, inscrito en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), así como en la web www.televisiondigital.es.

Santa Cruz de Tenerife dará en 2020 ayudas directas a los vecinos para instalar ascensores

Los presupuestos del Ayuntamiento para el próximo año ya incluyen una partida de medio millón de euros para una de las iniciativas estrellas del nuevo grupo de Gobierno.

Obras para la instalación de ascensores

El Plan de Ascensores, una de las iniciativas estrellas del nuevo grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (PSOE-Cs), y en concreto de la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, comenzará en 2020 a convertirse en realidad. Los presupuestos municipales para el próximo año incluyen una partida de medio millón de euros para poner en marcha una primera fase de este ambicioso plan, «con el que se pretende que numerosos vecinos dejen de estar secuestrados en sus casas». Así lo anuncia a EL DÍA el concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, quien informa de que para esta primera etapa «hemos elegido la fórmula que creemos que es más rápida, que consiste en otorgar subvenciones directas a las comunidades de vecinos para que instalen ascensores en sus edificios».

José Ángel Martín señala que el área de Servicios Públicos de la Corporación local ya cuenta con el borrador de los pliegos de estas nuevas subvenciones, por lo que se prevé que la convocatoria se produzca en el primer trimestre de 2020, «a la que se podrán presentar todas las comunidades de vecinos del municipio cuyos edificios, con tres o más plantas, no tengan ascensor». El concejal del PSOE aclara que el medio millón de euros ya presupuestado para el próximo año podría incrementarse en otro medio millón a partir del mes de julio, «si la demanda así lo requiere»

¿Cual será el coste?

El Consistorio chicharrero calcula, según los precios actuales del mercado, que el gasto aproximado por ascensor será de unos 45.000 euros. Las subvenciones municipales costearán tanto la redacción del proyecto, en el caso de que las comunidades no cuenten con él, así como la instalación del aparato. Eso sí, apunta el concejal de Servicios Públicos, para acceder a estas nuevas ayudas se tendrán que cumplir una serie de requisitos, teniéndose en cuenta la situación económica de los vecinos que formen parte de las comunidades que se presenten a la citada convocatoria.

Zonas más afectadas

Según los datos con los que cuenta el Ayuntamiento de Santa Cruz, son numerosas las edificaciones del municipio que no disponen de ascensor a pesar de tener tres o más plantas. Entre las zonas más afectadas se encuentran los barrios de Chimisay, Añaza, Santa María del Mar, García Escámez y el barrio de La Salud, sobre todo la parte alta.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, ha manifestado en varias ocasiones que la capital necesitaba de manera urgente un Plan de Ascensores, «algo por lo que nadie se había preocupado hasta ahora, a pesar de que hay miles y miles de personas secuestradas en sus casas, que no pueden salir a la calle y si lo hacen, es con mucha dificultad».

«Estamos hablando de muchos vecinos mayores o ciudadanos que tienen problemas de movilidad, que no pueden salir ni siquiera para realizar las tareas cotidianas del día a día, que tienen que pedir ayuda para hacerlo todo. Y éste es un proyecto factible, que ya se ha llevado a cabo en numerosas ciudades del país», ha indicado la regidora chicharrera.

fuente: www.eldia.es