La subida del IPC encarecerá el precio de los alquileres en 450 euros anuales según el portal Idealista

Los inquilinos de Madrid, Barcelona, San Sebastián y Bilbao serán los que más noten la subida.

Precio del oro - BlogEconomista.com

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el Índice de Precios al Consumo (IPC). En octubre, se ha situado en el 5,4%. ¿Qué incidencia va a tener en el alquiler de la vivienda? Idealista ha hecho un cálculo tomando como base el precio mediano al que se alquilaron los pisos de dos habitaciones en dicho mes en todas las provincias y capitales.

El resultado del estudio llevado a cabo por Idealista es que el encarecimiento medio en España será de 450 euros anuales. Otra derivada es que el precio pasará de 700 a 738 euros mensuales. Y los inquilinos de Madrid, Barcelona, San Sebastián y Bilbao serán los que más noten la subida.

En concreto, será de 49 euros al mes en Donostia, en la Barcelona y Bilbao de 46 euros al mes, y en Madrid de 43 euros al mes. Conviene recordar que esto será así en aquellos arrendamientos que están vinculados al IPC.

En cuatro provincias las actualizaciones de las rentas del alquiler han sido mayores a nivel provincia que en su propia capital. Son Cuenca, con 12 euros de subida mensual para dejar un alquiler anual de 232 al mes. También Pontevedra, que con el aumento de 26 euros al mes, supera en dos euros la subida de su capital. El alquiler mediano revisado se queda en 506 euros al mes. La tercera es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que con 31 euros al mes de subida coloca las rentas en 611 euros al mes de precio mediano. Y, por último, Asturias, que sube 25 euros al mes, un euro más que Oviedo. La nueva renta mediana es de 485 euros/mes para los contratos revisados con el IPC de octubre.

fuente: https://www.elespanol.com/

Señora llama «ladrón» a hombre en Junta de Vecinos y el Supremo indica que no existe vulneración al derecho de honor

La Sala Primera se pronuncia sobre el alcance del “ius retroquendi” o derecho de réplica

El derecho al honor está reconocido en el art. 18 de la Constitución Española (CE). Implica que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su intimidad ni en la de su familia. Es frecuente su colisión con otro derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión, recogido en el art. 20 de la Norma Fundamental.https://dfc386d2dcc76414616cf7492a8dead0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

STS_4354_2021

Los tribunales resuelven los conflictos de este tipo mediante técnicas de ponderación, atendiendo al interés público de las opiniones vertidas y al grado de lesividad de las mismas.https://dfc386d2dcc76414616cf7492a8dead0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

La STS 01/12/2021 trata un supuesto relativamente frecuente: tras una disputa inicial durante el transcurso de un Junta de vecinal, los dos sujetos enfrentados continúan con la discusión al término de la misma, de forma que uno de ellos llama “ladrón” al otro. El calificativo es trascendente, porque existían sospechas-nunca confirmadas- de que, cuando el interpelado ejerció el cargo de presidente de la comunidad, se adueñó de fondos destinados a efectuar una reforma en el edificio. Aunque era una conversación privada, los demás asistentes a la reunión pudieron oírlo, por lo que el insultado interpuso una demanda contra su vecina solicitando que se declarase la existencia de una intromisión ilegítima en su honor. Pidió que se condenase a la demandada a indemnizarle con 3000 euros.

Fachada de un edificio de Madrid (Foto: Google)

Primera instancia y Audiencia Provincial aprecian la existencia vulneración al derecho al honor

Demandante y demanda no coinciden en el relato fáctico.

  • El vecino insultado dice que la demandada cuestionó su actuación como antiguo presidente de la comunidad durante la reunión de la Junta de Propietarios, en presencia de unas 30 personas. También señala que le acusó de ladrón en repetidas ocasiones.
  • Por su parte, la demandada alega que, mientras estaba exponiendo en la Junta las cuestiones que integraban los diferentes puntos del orden del día, era interrumpida de forma constante por el demandante, quien manifestaba que todo lo que decía era mentira. Asegura que este llegó incluso a empujarla en dos ocasiones. Refiere que, disuelta la Junta y hallándose todavía algunos de los propietarios en el vestíbulo donde se había desarrollado, el demandante, molesto por el resultado de las votaciones, se dirigió a ella diciéndole que tenía una factura que debía a la comunidad, lo cual generó una discusión privada entre ambos de la que únicamente se enteraron los pocos que los rodeaban, siendo en el seno de dicha discusión donde le dijo, una única vez, «ladrón»; y que dicha expresión no tuvo repercusión ni trascendencia alguna pues tenía un único destinatario, el demandante, quien hizo caso omiso y fue a hablar con otras personas.

Quienes se sienten ofendidos a consecuencia de haber sido ellos mismos ofensores no pueden pretender el amparo de la justicia

La sentencia de primera instancia estimó la demanda en parte, declarando producida una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y condenando a la demandada a pagar como indemnización la cantidad de 1000 euros. La demandada interpuso recurso contra el referido pronunciamiento, que la Audiencia desestimó.https://dfc386d2dcc76414616cf7492a8dead0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Los tribunales consideran que la demandada dice la verdad al contar lo sucedido: llamó «ladrón» al demandante en una única ocasión, al acabar la Junta, en un momento de acaloramiento y al final de una discusión entre ambos. No obstante, consideran que se ha vulnerado el derecho al honor del demandante por los siguientes motivos:

  • El insultado es una persona conocida por todos los asistentes a la Junta y con proyección pública en la comunidad, de la que había sido presidente.
  • Los testigos conocían, al escuchar la expresión, que la misma hacía referencia a un rumor, extendido en la comunidad, de que el demandante se había quedado con fondos de la comunidad inflando las facturas de unas reformas llevadas a cabo en el vestíbulo del edificio.

Los Tribunales consideran que el insulto de la demanda no puede ampararse en el «ius retorquendi» o derecho de réplica. Es decir, que, aunque el insulto proviniera de una situación de acaloramiento (ya que el insultado había tildado previamente a la demandada de “mentirosa” y “morosa”), no puede ignorarse el carácter ofensivo del mismo.

La famosa serie televisiva Aquí no hay quien viva popularizó, desde el humor, las desavenencias entre los participantes de las Juntas de Vecinos (Foto: A3 Media)

El Supremo considera que, dado el contexto de contienda en que se produce el insulto, este no vulnera el honor del demandante

El recurso de casación de la demandada cita el art. 20 CE y se refiere al «ius retorquendi» como manifestación del derecho a la libertad de expresión. Por su parte, el recurrido alega que «si la ahora recurrente vio vulnerado su derecho al honor, tenía mecanismos suficientes en el ordenamiento jurídico para su defensa, no vertiendo una injuria que por ende es punitiva y sin prueba como fue atribuirle la calificación de “ladrón””.

El Alto Tribunal hace un repaso por la situación en la que el insulto fue proferido:

  • En primer lugar, el insultado se dirigió a la recurrente en repetidas ocasiones durante el desarrollo de la Junta, con expresiones como “mentirosa” y “morosa”. Por tanto, él fue quien inició la contienda verbal con intercambio de descalificaciones.
  • Esta expresión, “ladrón”, no se lanzó, a diferencia de las proferidas por el demandante, durante la Junta sino al finalizar la misma y en el curso de una discusión particular entre ambos, si bien con varios vecinos presentes. El calificativo usado no hace referencia a la esfera personal, sino a su actuación como presidente durante los años anteriores, existiendo el rumor de que se había quedado con dinero procedente de unas obras realizadas en la comunidad.

Sobre el “ius retroquendi”, el Supremo señala que este derecho no legitima el insulto, pero sí exige tener en cuenta todas las circunstancias concretas en que se produce para valorar adecuadamente la entidad y carga ofensiva de las expresiones.

Refiere la jurisprudencia existente sobre el tema, en concreto, la STS 641/2016 de 26 de octubre de 2016 que trata un supuesto de enfrentamiento en el programa televisivo “Sálvame”. En este caso el Tribunal señaló que “quienes se sienten ofendidos a consecuencia de haber sido ellos mismos ofensores no pueden pretender el amparo de la justicia”. En ese sentido, lo que el recurrido exige de la recurrida: no reaccionar inadecuadamente y acudir a los cauces legales si se considera ofendida, es, precisamente, lo que debió hacer él, desde el primer momento, y no hizo.

Por todo ello, el Supremo considera que el insulto está justificado por la libertad de expresión, a la que hay que atribuir prevalencia en atención a las circunstancias concurrentes en el supuesto. Estas no han sido adecuada y razonablemente ponderadas ni por la sentencia recurrida ni por la de primera instancia. Por lo tanto, estimando el motivo y, consecuentemente, el recurso, El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia Provincial.

fuente: https://www.economistjurist.es/

El Gobierno despeja el camino para instalar las casas prefabricadas para los afectados por el volcán de La Palma

El Ejecutivo ya ha adquirido las 30 primeras viviendas modulares de madera para hacer frente a la emergencia habitacional en La Palma. Este primer lote, ya que la Consejería prevé adquirir al menos 200 casas de este tipo, ya se encuentra disponible para su instalación en una parcela propuesta por el Ayuntamiento de El Paso en el caso de que este terreno cumpla con las condiciones necesarias para este tipo de construcciones.

Además, el municipio deberá proceder a la cesión del suelo a la Consejería tras la formalización de los correspondientes acuerdos plenarios del consistorio, señaló ayer el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, en comisión parlamentaria.

La instalación comenzará en una semana o 10 días, ya que están pendientes las obras para aplanar el terreno donde irán ubicadas.

Las cajas con las 30 viviendas modulares aún desmontadas se encuentran ya en un almacén que la empresa suministradora tiene en el propio municipio de El Paso.

“A medida que los ayuntamientos nos van cediendo suelo iremos instalando las viviendas, pero necesitamos suelo para poder instalarlas y eso no depende sólo de la voluntad del Gobierno, depende de que ese suelo sea óptimo para poder inmediatamente instalar esas viviendas prefabricadas que ya hemos empezado a comprar”, ha informado Franquis, quien en su intervención ha insistido en que en estos días se pone en marcha en La Palma “una fase de transición” que va a durar tres o cuatro meses. De hecho, ya está proyectada toda una urbanización de 543 viviendas prefabricadas.

Viviendas en ladrillos

Para esta fase de transición la Consejería ha adquirido ya un primer lote de 18 viviendas ya construidas en pisos cuya compra ante notario se ha formalizado esta semana, tal y como ha anunciado el consejero este jueves en el Parlamento de Canarias. Este lote de 18 viviendas de ladrillo se encuentra ubicado en los municipios de Tazacorte y Fuencaliente y se ha destinado una partida de 1,1 millones de euros. “Hoy, además, podremos contar con la baremación social del comité técnico constituido en La Palma para designar a las primeras familias que podrán alojarse en estas viviendas, yo espero, en los próximos días”.

El consejero recordó que existe un plan de actuación para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren decenas de familias en La Palma, dividido en tres fases. La primera de esas fases, la de atender la emergencia inicial, ya está en marcha desde hace más de un mes cn el alojamiento de los desalojados en hoteles y casas de familiares. “Como ya anuncié la semana pasada en el Parlamento, empezaremos entre esta semana y la próxima a poner en marcha la fase de transición de estas familias que están en este momento alojadas en los hoteles o que están viviendo con familiares para que poco a poco vayan a esas viviendas prefabricadas o viviendas compradas, un proceso que no se va a culminar de la noche a la mañana. Como expliqué entonces, es una fase que va durar de tres a cuatro meses porque las viviendas hay que buscarlas, adquirirlas, habilitarlas y luego baremar a las familias más necesitadas”.

fuente: https://www.laprovincia.es/

La especulación inmobiliaria entorpece el realojo de los palmeros que han perdido su única casa

Cerca de 900 familias han visto cómo la lava engullía su único hogar. El presidente canario aseguró la semana pasada que los primeros 18 domicilios para ellos iban a estar esta semana, pero todo apunta a que habrá que esperar un poco más

Hablamos con un hombre que perdió su casa de dos plantas, una finca, un estanque y una huerta. Ahora se está quedando en un piso de alquiler en Los Llanos de Aridane por el que desembolsa 500 euros al mes.

– Pedí una ayuda, a ver si me dan algo, pero no saben si me la va a dar Cruz Roja, Cáritas… Ya tuve que pagar el primer mes de mi bolsillo. Es que no se consigue nada y encima está todo muy caro. Conozco a gente que alquilaba por 400 euros y ahora está haciéndolo por 800.

– Qué cara tienen, ¿no?

– Cara no, esos son usureros.

El hombre está esperando a ser atendido. Dentro hay un enjambre de abogados, notarios, administradores de fincas, trabajadoras sociales y encargados de la compra de viviendas para el realojo de los palmeros a los que la lava ha sepultado su único hogar, cerca de 900, según las últimas cifras. Miguel Ángel Pulido, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias, es el hombre indicado para hablar de esto último, señala un tipo que camina citando a “los fondos buitres esos”, los que en su opinión están detrás de que al Archipiélago le esté costando adquirir domicilios tras la erupción.

Pulido está al teléfono en una de las habitaciones del centro y da la impresión de que podría estar así todo el día por la carga de trabajo que tiene. El Ejecutivo autonómico compró 18 viviendas a principios del mes de octubre, pero aún no las ha habilitado para las primeras familias. Se esperaba que sería esta semana, pero todo apunta a que eso no ocurrirá. “Se está ultimando la colocación de algunos espacios, como la cocina… Yo espero que la próxima semana estén a punto”, dice.

Pulido explica que el proceso de compra pasa primero por contactar con un promotor local, que este se haga con los pisos de un fondo de inversión, los remodele, y luego los venda a la empresa pública de viviendas de Canarias, Visocan. Ya han comprado 18, pero se espera que para este mes sean en torno a 60. En ningún momento, agrega, han tenido problemas con los fondos. Con quien sí ha habido contratiempos, en cambio, es con algún promotor local. “Uno de ellos tenía un pequeño grupo de siete apartamentos, estaba dispuesto a negociar y ahora nos ha dicho que el precio va a ser superior. Nosotros no vamos a permitir que se especule con dinero público. Que las ponga en el mercado libre y las venda”, asevera.

Visocan no está pagando más de lo que cuesta una vivienda de protección oficial, en la que el máximo por metro cuadrado está en 1.400 euros. Así se llegó al acuerdo con el promotor de Tazacorte, indica Pulido, donde se encuentran 13 de las primeras 18 casas, para las que se ha destinado un total de 1,1 millones de euros. “No pagamos precios especulativos”, reitera este alto cargo público, quien recuerda la poca oferta que hay en el mercado, especialmente en Los Llanos de Aridane, donde el 86% de la superficie del municipio es de suelo rústico común, sobre el que no se puede edificar. “Sí, hay especulación”, reconoció el concejal de Urbanismo, Manuel Perera Carreras, a este periódico. La razón: no hay donde construir.

Este jueves, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno autonómico, Sebastián Franquis, ha incidido en la necesidad de recalificar suelo para la instalación de viviendas y que eso “no solo depende de la voluntad del Ejecutivo, depende de que ese suelo sea óptimo”. Canarias acaba de adquirir 30 domicilios modulares de madera de 74 metros cuadrados para hacer frente a la emergencia habitacional en La Palma. Pero el Ayuntamiento de El Paso, que es el que ha cedido el terreno para su instauración, aún no confirmado que cumpla las condiciones para su montaje.

Con todo, Franquis aclaró cuáles son las fases del plan de actuación que existe en la isla para el realojo de los vecinos afectados por el volcán. En primer lugar, la compra de bienes inmuebles para los damnificados. Después, la fase de transición, en la que los palmeros comienzan a alojarse de manera provisional en estos hogares; y por último, el plan de reconstrucción, aunque pare eso aún falta mucho. “Sabemos que eso no va a ser antes de cuatro años. Lo hemos explicado, lo hemos dicho públicamente, especialmente a los afectados”, sentenció.

¿Quiénes serán las primeras familias realojadas?

Alrededor de 900 palmeros han visto cómo la lava trituraba la única vivienda con la que contaban. Todos ellos necesitan una alternativa habitacional digna, pero antes es necesaria una guía que jerarquice quiénes deben recibirla primero (no por merecimiento, sino porque sus condiciones materiales son más desfavorables y deben atenderse rápidamente). De esto se encargan las trabajadoras sociales de la Casa Massieu, un total de 15 profesionales a las que se les van a sumar otras 12 en los próximos días.

“Trabajan mañana y tarde, todos los días”, indica el gerente de la Oficina de Atención Ciudadana, Sergio Matos. Recorren el edificio prácticamente corriendo, de un lado para otro, sin tiempo que perder. Fuera del centro la gente se impacienta. “Dicen que la cita dura unos diez minutos, pero no es verdad. Te puedes pegar ahí media hora mínimo”, asegura una de las afectadas.

Las trabajadoras sociales deben realizar una especie de “ficha social” de cada persona en la que esté detallado cuántos miembros de la unidad familiar sufrieron los estragos del volcán, si la vivienda afectada era su domicilio habitual, si cuenta con alguna alternativa a esta… También preguntan cómo están sobreviviendo ahora, si se encuentran en hogares hacinados o pagando un alquiler que no podrán soportar durante mucho más tiempo, cuáles son sus ingresos después de la erupción, si tienen hijos pequeños o sufren alguna enfermedad. Son tres campos generales: alojamiento, economía y aspectos sociales. La suma de todos ellos da un baremo que una comisión técnica está validando en estos momentos para la entrega de las viviendas.

“Hemos hecho alrededor de 600 fichas ya”, destaca Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. “Cada caso lo estamos viendo con los ayuntamientos, que son los que van refrenando los datos que recogemos. Las primeras 18 familias se han escogido por orden de puntos”.

El cuestionario no tiene en cuenta si el afectado no puede demostrar la titularidad de la vivienda, basta con estar empadronado en ella, remarca Delgado. Si la casa no estaba legalizada, esa no es una cuestión que les compete. “Esto son ayudas directas. El haber declarado la zona catastrófica en la isla ha permitido que estos trámites se puedan disminuir por la gravedad del problema”.

En total, son unos 200 puntos máximos en cada apartado. “Por ejemplo, si has perdido tu vivienda, 80 puntos; si tienes alternativa habitacional, 50; que tienes tres menores: 30. Todo eso suma y da un número, que es como clasificamos las 600 entrevistas que hemos hecho ya”. Estos hogares serán gratuitos durante el primer año y los dos cursos siguientes las familias afectadas tendrán que pagar un 10% del alquiler, explica Delgado.

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz aclara que se trata de un alojamiento provisional, no definitivo. “Son espacios seguros. Ante una situación de hacinamiento con familiares, o en un pajero sin agua corriente, entiendo que esta es la mejor opción. Otra cosa es su futuro. Me imagino que se hará un plan de reconstrucción que deberá contar con la participación de todos, no con cuatro sentados en una oficina”, concluye.

fuente: www.eldiario.es