Un juez rechaza que una comunidad de propietarios pueda vetar viviendas turísticas

  • El titular del Juzgado de Primera Instancia número siete de Córdoba alude a la Constitución y a la propia Ley de Propiedad Horizontal, en que el alquiler de apartamentos no es per se molesto
Turistas con paraguas y maletas en Córdoba

El titular del Juzgado de Primera Instancia número siete de Córdoba ha firmado una sentencia que puede dar un vuelco a la limitación a la propagación de viviendas turísticas que están vetando en muchos edificios residenciales las comunidades de propietarios. El magistrado Antonio Javier Pérez Martín ha acabado atendiendo un escrito del abogado cordobés Antonio Marín Entrenas que pedía la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios de un inmueble en las inmediaciones de Chirinos. Los comuneros aprobaron prohibir el establecimiento de apartamentos turísticos en la propiedad.

En su fallo, el magistrado es consciente de que el asunto es “una cuestión discutida” y sobre la que apenas hay jurisprudencia, pero sostiene que este tipo de acuerdos van contra la ley de Propiedad Horizontal y contra principios básicos de la Constitución Española como el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa, “derechos fundamentales que no pueden ser restringidos o limitados si no es mediante una norma con rango de ley”, firma.

El magistrado alude también a la importancia del fallo que ha redactado, pues considera que a buen seguro generará controversia. “¿Qué va a pasar ahora?”, se pregunta. “Pues que con toda seguridad cuando lleguen los procedimientos a los juzgados habrá interpretaciones contradictorias, y dentro de un tiempo –dos tres o cuatro años- tendrá que llegar un recurso de casación al Tribunal Supremo para que con su sentencia ponga fin a las discrepancias entre las resoluciones de las audiencias provinciales. Pero ¿cuánto coste social y económico se quedará en el camino? ¿Cuántos recursos de la administración de justicia malgastados?… Una de las causas del endémico colapso de la administración de justicia son leyes como esta que generan una litigiosidad innecesaria. Pero como somos juristas vamos a cumplir nuestro trabajo resolviendo la presente controversia…”, critica.

Así, arranca haciendo referencia a una encuesta que se realizó en la editorial El Derecho precisamente sobre si las juntas de propietarios pueden prohibir o no el alquiler vacacional o simplemente limitarlo o condicionarlo. “El resultado fue que cinco magistrados se posicionaron en la tesis de que la comunidad no podía prohibir el alquiler vacacional y dos que la nueva normativa sí permite a la comunidad prohibir el alquiler turístico”, avanza.

Una sentencia pionera

La sentencia, de 12 folios, realiza un extenso recorrido por la ley de Propiedad Horizontal y por el propio decreto ley, que señala que usa los verbos “limitar” y “condicionar”, pero no “prohibir”. Pero va a más. El juez asegura que una vivienda turística no tiene per se que provocar molestias. O no más que vecinos conflictivos. Por eso, no se puede prohibir su presencia. “La tesis de prohibir el uso turístico porque genera molestias a los vecinos llevaría al absurdo de prohibir también el uso de viviendas por propietarios con más de cinco miembros o el alquiler social en idénticas situaciones”, describe.

Por tanto, considera, “el alquiler turístico no constituye ad initio una actividad molesta, pero es cierto que un irregular uso del apartamento turístico por parte de los inquilinos puede llegar a ser molesto para el resto de los vecinos”. Ante ello, el juez asegura que la solución está en la propia Ley de Propiedad Horizontal, que en su artículo 7.2 contempla la posibilidad de privar del uso de la vivienda hasta por tres años al propietario “cuando existen ruidos o molestias de cierta entidad”.

“Las molestias no se pueden presumir”, agrega. “Hay que esperar a que se produzcan y estando debidamente acreditadas servirán para prohibir los usos turísticos en casos concretos”, sostiene el magistrado Antonio Javier Pérez Marín.

“Destinar un apartamento a arrendamiento turístico o ponerlo en alquiler residencial o usarlo como morada del propietario no son actividades que en abstracto sean contrarias a la normal convivencia dentro del régimen de propiedad horizontal, ni tampoco son actividades incívicas, molestas, nocivas o peligrosas”, agrega. “El trasiego de los ocupantes, normalmente de fines de semana, no tiene por qué ser mayor que el que se produzca a diario como consecuencia de que habiten un número elevado de personas” en el edificio, ejemplifica el juez.

Ante ello, concluye que las comunidades de propietarios no pueden prohibir la presencia de viviendas turísticas en sus edificios, al ser una actividad en principio “perfectamente legal y lícita”. Y que habrá que estar “al caso concreto para decidir si la actividad turística de un elemento privativo dentro del inmueble altera la normal convivencia a través de actitudes incívicas”.

fuente: cordopolis.eldiario.es

Qué se puede hacer contra los inquilinos molestos y las consecuencias de acudir a la vía judicial

El despacho de abogados Méndez Lit repasa las claves de la acción judicial de cesación

Son muchas las comunidades de propietarios que se ven abocadas a lidiar con arrendatarios problemáticos. Inquilinos de viviendas o locales comerciales que actúan de manera inapropiada, molesta para los vecinos e incluso peligrosa en algunos casos. Se estima que un 80% de los arrendadores desconocen qué hacer ante las conductas incívicas, aunque sí existen soluciones.

Actitudes como el mal tratamiento de las basuras, las fiestas, los malos olores o las peleas “vulnerarán los estatutos de la comunidad y la Ley de Propiedad Horizontal, según explica el despacho de abogados Méndez Lit. Y ante este tipo de situaciones, la comunidad de propietarios tiene sobre la mesa la posibilidad de es ejercer la bautizada acción judicial de cesación que permite conseguir una condena que ponga fin a la actividad denunciada.

Según recuerda Carlos Fernandez-Galiano, letrado especializado en derecho inmobiliario de Méndez Lit, «el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal prohíbe al propietario y al ocupante (arrendatario) realizar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que sean contrarias a las normas reguladoras de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

Ahora bien, para poder ejercer la acción judicial de cesación es necesario que se den unas condiciones y conviene conocer qué consecuencias tiene. Repasamos de la mano del despacho de abogados algunas consideraciones generales:

Requisitos de la acción judicial de cesación

En primer lugar, y para que dicha acción prospere, es necesario que se cumplan unos requisitos, tal y como recuerda Méndez Lit:

1. Encontrarse la conducta entre las categorías que el Tribunal Supremo señala en la sentencia STS 1152/2008, de 27 de septiembre:

  • contrarias a estatutos o a las relaciones de vecindad,
  • contrarias a las disposiciones administrativas u ordenanzas en materia de actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilícitas,
  • que provoquen daños en la finca, bien en elementos comunes o privativos de otros propietarios.

2. La conducta debe ser notoria y continua, no aislada o más o menos censurable. Debe requerir cierta intensidad y reiteración. Desagradable y molesta para cualquier habitante del inmueble. Por tanto, podrán ser objeto de esta acción aquellas conductas que, incluso sin ser insufribles o intolerables, sí supongan una vulneración de las normas de pacífica convivencia, excedan lo comúnmente aceptable y, en definitiva, evidencien una actividad que, en circunstancias normales, ningún vecino tenga la obligación de soportar.

3. Otro elemento fundamental es la necesaria prueba de la existencia y autoría de la conducta. No basta alegarla, sino que debe acreditarse mediante cualquier medio de prueba en derecho y resultar directamente imputable a una persona concreta, sea propietario o arrendatario.

4. Antes de la demanda, el presidente de la comunidad debe requerir de forma fehaciente (burofax sería suficiente), a quien realice las actividades prohibidas para que cesen, con advertencia de iniciar acciones judiciales. Anticipándonos, diremos que en aquellos casos en los que el causante de las molestias sea persona distinta del propietario (normalmente arrendatario), es aconsejable enviar también otro requerimiento al propietario, para que pueda estar al tanto de la situación generada por su inquilino y pueda adoptar medidas correctoras.

5. Por último, la acción de cesación requiere de una previa convocatoria y celebración de junta de propietarios en la que se incluya en el orden del día la cuestión y que los vecinos adopten el acuerdo de iniciar el juicio correspondiente, facultando expresamente al presidente.

Las consecuencias de esta acción judicial

Fernández-Galiano recuerda que «la sentencia podrá acordar distintas medidas y consecuencias, que dependerán de la gravedad, de existencia de daños y perjuicios e, incluso, de que el infractor sea el propietario de la vivienda o su inquilino y de la pasividad del primero, si no hubiera adoptado medidas para ponerle remedio».

Estas pueden ser:

1. Ordenar la inmediata cesación de las actividades molestas por el infractor, ya sea el propietario de la vivienda (o miembros de su familia) o su arrendatario o personas que vengan ocupando el piso y local.

2. Si el infractor fuere el propietario de la vivienda, se le podrá imponer una privación del derecho de uso de su propiedad por un periodo que puede llegar hasta los 3 años máximo.

3. Si el infractor es un arrendatario, y si lo hubiera solicitado expresamente la comunidad de propietarios, podrá acordarse la extinción del contrato de arrendamiento, con el consiguiente desahucio forzoso.

4. También podrá dictarse condena de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la comunidad de propietarios o terceros, que podrá imponerse frente al arrendatario infractor, pero también en determinados supuestos, de forma solidaria junto con el propietario.

Quién es el responsable y cómo afecta al propietario

El letrado afirma que, si tras el requerimiento no cesaran las conductas y, si la actitud del propietario fuera pasiva a su remedio (si el responsable fuera su inquilino), la comunidad de propietarios podrá dirigir también (solidariamente) la acción de cesación contra el propietario, reclamando la condena por daños y perjuicios, como así la extinción del arrendamiento.

«En definitiva, bajo nuestro criterio, el propietario es responsable por las infracciones y daños cometidos por el arrendatario si, siendo conocedor de tal conducta, se inhibiese ante ella y no pusiera los medios para evitarla», concluye Carlos Fernández-Galiano.

fuene: idealista.com

Precio de la luz: Poner la lavadora en Tenerife a las 20:00 horas cuesta hoy el doble que a las 05:00

Las facturas de electricidad siguen estabilizadas tras la invasión de Ucrania.

Precio de la luz: Poner la lavadora en Tenerife a las 20:00 horas cuesta hoy el doble que a las 05:00

Precio de la luz: Poner la lavadora en Tenerife a las 20:00 horas cuesta hoy el doble que a las 05:00

Poner la lavadora en Tenerife a las 20:00 horas cuesta hoy el doble que a las 05:00. Según las tarifas de Red Eléctrica, el coste del consumo llega a dispararse según las franjas horarias, llegando al máximo del día de ocho a nueve de la noche.

Primero fue la nueva tarificación horaria, que establecía precios diferenciados por tramos, y luego la escalada del coste del cosume. Dos cuestiones que han terminado por hacer del cálculo de la factura eléctrica un auténtico calvario.

Mientras el Gobierno plantea medidas para el control del coste energético, entre las que se encuentra el establecimiento de un precio máximo de la tarificación, la población intenta cuadrar la agenda de consumo: ya no se cocina con el horno sino los fines de semana y la lavadora se relega a los momentos del día en que la electricidad tiene un coste menor.El precio de la luz baja este martes un 1,5% y se sitúa en 226,15 euros/MWhEP

Hoy, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el precio más bajo del consumo eléctrico se situó durante la madrugada y alcanzará el máximo por la noche. Teniendo en cuenta el coste medio del consumo en los hogares de Canarias, que asciende a 9,5 kilovatios hora, si se concentrara todo el gasto en la franja más cara costaría en torno a 4,27 euros. Mantener este coste a diario implicaría una factura de 128 euros al mes.

Por contra, todo el consumo en la franja más económica supondría una factura diaria de 2,3 euros o lo que es lo mismo 71,25 euros al mes. Dicho de otra manera, si la tarifa fuera estable a la baja, los hogares gastarían 57 euros menos en electricidad.

fuente: eldia.es

Las CCAA que más se beneficiarán de las ayudas para instalar placas solares

Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana son las más favorecidas, según la aseguradora Arag

CAIB

Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana son las autonomías más favorecidas en las ayudas para las instalaciones fotovoltaicas aprobadas en diciembre por el Gobierno y que dependerán de la población, según la aseguradora Arag.

La abogada de la aseguradora Adriana Hibernón afirma que estas ayudas están organizadas por cada autonomía «y los beneficiarios de algunas de ellas pueden ser particulares, comunidades de vecinos o empresas», y especialmente hay tres tipos de ayudas a estas instalaciones, con subvenciones, bonificaciones y deducciones en la declaración de la renta para particulares.

El Gobierno aprobó a finales del año pasado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), financiado por los Fondos Europeos ‘Next Generation’ y que movilizará una inversión de más de 16.300 millones de euros.

Hay 6 programas diferentes dentro de 3 categorías de ayudas (al autoconsumo, baterías y climatización renovable): las ayudas totales de los 6 programas que reciban las comunidades dependerán de su población, y eso convierte en las más favorecidas a Cataluña (114 millones de euros), Andalucía (104 millones), Madrid (91 millones) y Comunidad Valenciana (67 millones).

Las subvenciones en la instalación de placas solares, baterías de almacenamiento o sistemas de aerotermia se pueden pedir cuando la autonomía las convoque y, en general, hasta el 31 de diciembre de 2023 (ya han convocado Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, Murcia, Madrid, Extremadura, Aragón, Catalunya, Asturias, Galicia, Euskadi, Navarra, La Rioja y Canarias).

Adriana Hibernón explica que beneficiarse de las subvenciones requiere que la instalación incluya una monitorización de la energía eléctrica producida y consumida, «y se ha de autoconsumir el 80% de la energía producida».

Con una potencia pico menor de 10kWp (pico de kilovatios), la ayuda son 600 euros por cada kWp de la instalación y 490 por cada kWh en la batería; en instalaciones mayores, van de 450 a 300 euros por kWp instalado; en municipios con menos de 20.000 habitantes en suelo no urbano y 5.000 en suelo urbano, a estas ayudas se suman 55 euros/kWp en la instalación y 15 euros/kWh en la batería.

Bonificación del IBI y deducción en el IRPF

Muchos ayuntamientos han establecido bonificaciones en el IBI si el contribuyente coloca instalaciones fotovoltaicas: por ejemplo, Barcelona, Madrid, Alicante y A Coruña bonifican el 50% durante 3 años; Santa Cruz de Tenerife, el 50% durante 5 años; y Mérida, el 10% durante 5 años.

Sobre las deducciones en el IRPF, Hibernón ha destacado que, del 6 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022, los contribuyentes que instalen placas solares u otras energías renovables en sus viviendas «podrán deducirse de un 20% a un 60% de lo invertido«.

En concreto, si hacen obras de mejora de la eficiencia energética en la vivienda habitual o arrendada, se deducirá hasta un 20% del IRPF; si se demuestra reducir al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable, se deducirá un 40%; y en las rehabilitaciones que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominante residencial, se deducirá hasta el 60% si se acredita que la reducción del consumo de energía primaria no renovable es al menos de un 30%.

fuente: https://www.idealista.com/

Emmasa, innovación y tecnología al servicio del agua

Ignacio Muñiz González es el nuevo gerente de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) desde julio de este año. El nuevo responsable de la compañía aboga por la innovación y el uso de la tecnología para buscar la máxima eficiencia en el ciclo integral del agua del municipio.

¿Cuáles diría que son las singularidades de Santa Cruz de Tenerife en cuanto al ciclo integral del Agua?

Desde el punto de vista estructural, una singularidad principal es la orografía del municipio y su configuración en tres zonas bien diferenciadas: el paraje natural de Anaga, la zona consolidada de la ciudad (la zona centro), y la zona de expansión, que es la zona suroeste, así como su conexión con el mar.

Precisamente, esta conexión con el mar permite que la capital haya cuente con capacidad de producción de agua desalada, lo que le ha permitido, en estos años en los que los efectos de cambio climático cada vez son más patentes, que no haya tenido que establecer restricciones al consumo de agua, cosa que sí ha ocurrido en otros municipios debido a la escasez de un bien esencial como es el agua.

Además, esta estrategia va en concordancia con los ejes maestros que establecen los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), entre los que se encuentra proteger la naturaleza.

Sobre esto último que nombra, ¿cómo está trabajando Emmasa de cara a los ODS?

Como sabemos, los ODS abordan los principales retos de la humanidad desde una óptica global y transversal, en la que es necesaria la implicación de todos, desde las empresas hasta cada uno de nosotros. Para ello, EMMASA utiliza estrategias basadas en abordar retos globales a partir de problemas locales, que desarrollan soluciones específicas y replicables para superar retos concretos y que se basan en colaboraciones con otros actores para multiplicar el impacto y dar respuesta a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma directa o indirecta.

¿Qué papel juega la reutilización del agua en la capital?

Sin duda, uno muy importante. Una de nuestras prioridades como empresa es generar el menor impacto posible al medioambiente y, por lo tanto, desarrollar prácticas y métodos que permitan el reciclaje y reutilización de los recursos. En este sentido, Emmasa ha sido capaz de reutilizar casi 600 millones de litros de agua regenerada para el riego de parques y jardines del municipio, evitando así que dicho riego se realizara con agua potable. Además, también trabajamos en coordinación con Balsas de Tenerife (BALTEN) para que el sobrante de agua depurada, que en 2020 ascendió a aproximadamente 7.000 millones de litros, se pueda destinar al regadío de fincas de la zona sur de la isla.

Emmasa se viene definiendo como una empresa puntera tecnológicamente y, sobre todo, eficiente. ¿Qué herramientas se han puesto en marcha para lograrlo?

No es ninguna novedad que todos los sectores han ido introduciendo y visibilizando el uso de tecnología en su ámbito y el sector del agua, por supuesto, no se ha quedado atrás. El Big Data y la aplicación de nuevas tecnologías como, por ejemplo, la inteligencia artificial, forman parte de nuestro trabajo diario en la compañía. La industria 4.0 es una realidad y nos compromete a combinar técnicas avanzadas que nos permiten agilizar procesos. En concreto, en Emmasa prestamos servicio a más de 200.000 habitantes, por lo que la monitorización y el análisis masivo de datos es fundamental para ofrecer el mejor servicio. Afortunadamente, contamos con la colaboración e implicación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que nos anima y ayuda a trabajar en esta línea con el  objetivo de tener altos niveles de innovación y sostenibilidad.

Con la COVID-19 también muchas empresas han visto agilizado su proceso de digitalización. En este sentido, ¿Emmasa ha experimentado una transformación digital en los últimos años?

Yo diría que la compañía lleva inmersa en ese proceso de digitalización desde mucho antes. Desde su formación como empresa mixta en 2006, Emmasa apostó por integrar, como otra línea más de acción, la I+D+i con la implementación de la mejora de procesos, la digitalización y sobre todo el control, a través de sistema global de telecontrol y telemando del ciclo integral del agua de las instalaciones. Con esta herramienta podemos actuar sobre el sistema ante cualquier eventualidad de manera inmediata, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Como mencioné anteriormente, estamos incorporando el Big Data en nuestras operaciones diarias. Para ello, es fundamental capacitar a nuestro equipo humano, desde las personas que trabajan en la resolución de averías, hasta las que atienden a los clientes y los ingenieros que se encargan de implementar mejoras en la red de abastecimiento, por ejemplo.

De cara a 2022, ¿cuáles son sus expectativas como gerente de Emmasa?

Para 2022 y siguientes años, mis expectativas son seguir trabajando en la línea marcada por mis antecesores, que tiene por objetivo que EMMASA sea un referente como empresa gestora del ciclo integral del agua, no solo en Canarias sino en todo el territorio nacional. La calidad y excelencia del servicio a la ciudadanía debe marcar la diferencia; el resto de aspectos que configuran a una empresa de servicios, como la gestión de las infraestructuras, tienen que mantenerse unos estándares de eficiencia muy altos.

No quiero dejar de lado nuestra preocupación por el desarrollo sostenible de las actividades y la eficiencia energética. Todo ello, siempre en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

fuente: eldia.es

¡Nos hemos trasladado!

new location

Te informamos que hemos trasladado nuestras oficinas a un nuevo local para darte un mejor servicio.

Nuestra nueva ubicación es:

Calle Moreiba, 21 – 23, 38111 Santa Cruz de Tenerife

https://goo.gl/maps/WuXZtnVfv7V9QRGRA

Nuestras nuevas oficinas se encuentran muy cerca de nuestras antiguas instalaciones.

Aquí tienes un mapa desde nuestra antigua ubicación a la nueva

Alicia Vanoostende: “Los agricultores de La Palma dispondrán de las plantas de platanera necesarias para sus fincas”

El departamento autonómico va a subvencionar la compra de plantas a través de la medida del PDR destinada a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes

“Los agricultores de La Palma dispondrán de las plantas de platanera necesarias para sus fincas afectadas por el volcán”. Así se manifestó la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, tras la confirmación del Cabildo de Tenerife de la reserva por parte de los plataneros de un total de 209.196 plantas de distintas variedades.

En el marco de una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la administración insular, Javier Parrilla, y la gerente de Cultesa, Teresa Cruz, la responsable regional del área valoró el apoyo el Cabildo tinerfeño a un sector que está viviendo una situación complicada como consecuencia de la crisis volcánica.

“Los agricultores tienen problemas para acceder a las fincas que han quedado aisladas por la colada así como con el riego en sus explotaciones, con infraestructuras inutilizadas que estamos reponiendo, como la obra que conectará las actuales redes de riego de La Cruz-Bermeja y las Haciendas de Argual y Tazacorte (La Palma) con una zona de unas 80 hectáreas que han quedado aisladas en mitad de las dos grandes coladas a través del Camino de San Isidro, en la costa de Tazacorte”.

Vanoostende pudo comprobar el gran trabajo que se realiza en Cultesa, una empresa participada y liderada por la Corporación insular que se dedica a la producción de plantas mediante técnicas de multiplicación in vitro. “Agradecemos la inestimable implicación de todas las administraciones en el reto de la reconstrucción de la isla de La Palma, con especial atención a un motor económico esencial como es el sector primario”, destacó.

Asimismo, la titular de Agricultura del Ejecutivo regional anunció que el departamento autonómico va a subvencionar la compra de plantas a través de la medida del Programa de Desarrollo Rural de Canarias (PDR) destinada a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes.

fuente: https://www3.gobiernodecanarias.org/

Los administradores de fincas alertan del riesgo de incendios de las barbacoas y de las molestias que generan a vecinos

No existe una normativa estatal, autonómica o municipal que prohíba el uso de barbacoas, pero la Ley de Propiedad Horizontal sí establece la prohibición de realizar actividades molestas e insalubres.

Las barbacoas son uno de los planes favoritos de esta época.

Ante la realización de barbacoas en terrazas, áticos o zonas comunes de las comunidades de propietarios, con la llegada del buen tiempo casi veraniego, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) advierte del riesgo de incendios así como de los problemas que generan. Por ello, aconsejan regular su uso mediante normas de régimen interno para evitar conflictos entre vecinos por las molestias que generan así como por el riesgo de incendios como el ocurrido el año pasado en Torre Ámbar, en Madrid.

Posible propagación del fuego

“La normativa de uso interno en las comunidades no debe ser estricta, sino abierta al diálogo y lo menos prohibitiva posible. Pero no podemos dejar a un lado que estamos ante un problema de límites de la propiedad y relaciones de buena vecindad”, comenta Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, en una nota de prensa. “Las barbacoas domésticas son elementos susceptibles de generar problemas en el inmueble, debido a una posible propagación de fuego, en caso de descuido”, añade.

Imagen de una barbacoa.

No podemos dejar a un lado que estamos ante un problema de límites de la propiedad y relaciones de buena vecindad

Sin normativa específica que prohíba el uso de barbacoas

Actualmente no existe una normativa estatal, autonómica o municipal que prohíba el uso de barbacoas, pero sí está regulada la prohibición de realizar actividades molestas e insalubres en la Ley de Propiedad Horizontal, como las que pueden generar las barbacoas.

Pisos bajos con patio o áticos: son elementos comunes de la comunidad

En este sentido, el CAFMadrid recuerda que el uso de barbacoas puede ser restrictivo si causa molestias al resto de vecinos de la comunidad. “No olvidemos que el propietario del piso bajo con patio o del ático cuya terraza hace de cubierta del edificio tiene derecho al uso y disfrute de esa zona, pero no por ello este deja de ser un elemento común propiedad de la comunidad”, explica Bajo.

Asimismo, esta institución recuerda que si se trata de una barbacoa de construcción fija, para su uso es necesaria la utilización de un sistema independiente de evacuación de humos, tal como establece el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

Barbacoa
Barbacoa

Difícil que prospere una denuncia contra el uso de barbacoas

Desde la empresa Comunidades.com explican que «es indudable que las barbacoas en las terrazas pueden generar molestias, principalmente olores y humos, y como la propiedad no puede justificar un comportamiento incívico, podría ser de aplicación el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque las molestias siempre tienen un componente subjetivo importante, y no todas las demandas de este tipo salen adelante en los juzgados, sobre todo en los casos de uso esporádico».

Puede haber algunas Ordenanzas municipales que prohiban las barbacoas en las terrazas, explican, «fundamentalmente por motivos de prevención de incendios, aunque suelen admitirse las alimentadas eléctricamente o por gas», indican desde Comunidades.com.

«Como en gran parte de las situaciones del día a día de las comunidades de propietarios, si todos ponen un poco de su parte, se avisa con tiempo para que nadie tenga ropa colgada que puede afectarse, quienes las sufren las aceptan de buen grado en aras de la buena convivencia, y unos y otros atienden las sugerencias de los demás, las barbacoas de las terrazas dejarán de ser un problema para su comunidad», indican.

fuente: https://www.20minutos.es/

Torres apuesta por la recuperación de las fincas e infraestructuras agrarias destruidas por el volcán en La Palma

Ángel Víctor Torres analiza la situación en el ámbito agropesquero de la isla tras el cese de la erupción de Cumbre Vieja, en una visita a la zona destruida

y en una reunión con dirigentes del sector primario local; la agenda se programó en compañía del ministro Planas, el comisario de Agricultura y su homóloga canaria, Vanoostende

El titular del Ejecutivo autonómico valora el trabajo realizado en la gestión de ayudas, subvenciones e inversiones públicas de emergencia, y cifra en 180 millones los fondos ya repartidos para atender a las familias afectadas e iniciar la recuperación de la isla

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, realizó este jueves (13 de enero de 2022) una nueva visita a la isla de La Palma, a la zona afectada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, acompañado, entre otras autoridades, por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski. En esta jornada, se ha analizado el impacto de la emergencia volcánica en el sector primario de la comarca del Valle de Aridane, se han visitado fincas destruidas por las coladas y dañadas por la ceniza, principalmente, y se ha realizado un intercambio de impresiones con los representantes agrarios y pesqueros de la Isla Bonita.

Tras concluir la reunión con dirigentes del sector agropesquero insular, el presidente de Canarias hizo una valoración ante los medios de comunicación, en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos de Aridane, sobre la actividad desarrollada en el día de hoy, en la que también participaron la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo autonómico, Alicia Vanoostende; el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, y alcaldes de los municipios más dañados por la acción del volcán, junto a los eurodiputados canarios, Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, entre otros cargos públicos.

Torres apostó en su intervención por la recuperación de las fincas e infraestructuras agrarias (red de riego, estructuras de protección, accesos…) destruidas por el volcán y cifró la inversión necesaria para reconstruir esos espacios de usos agrícola y, en menos casos, ganadero en más de 110 millones de euros. Ante el ministro Planas y el comisario europeo de Agricultura, aludió a que el titular de la cartera relacionada con el sector agrario en la Comisión Europea, Janusz Wojciechowski, se había quedado “impactado” por los efectos tan destructivos de la erupción en el campo del Valle de Aridane, de manera especial en el cultivo dominante en la zona costera, la platanera.

El titular del Ejecutivo canario se mostró confiado en la colaboración financiera de las administraciones estatal y comunitaria para lograr ese objetivo y así permitir que la gente del campo en esa área destruida pueda recuperar lo antes que sea posible su actividad económica principal. Para lograr ese fin, el presidente de Canarias se refirió al decreto ley autonómico que en breve se aprobará por el Consejo de Gobierno con el propósito básico de actuar en la planificación y ordenación de los espacios colmatados por la lava y que esto se haga con las máximas garantías jurídicas.

Torres indicó que ese futuro texto legal autonómico tiene que ser “de consenso” y ya cuenta con el visto bueno del Gobierno central. Ahora se está a la espera de recibir la “conformidad de otras administraciones públicas de La Palma”: el Cabildo y los tres ayuntamientos afectados por la erupción de forma directa, el de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. Alcanzado ese consenso interadministrativo, el nuevo texto legal se elevará al Consejo de Gobierno y con su aprobación ya se tendrá el documento de planificación que guiará la reconstrucción de la isla.

El presidente Torres además subrayó la importancia de iniciar ese proceso de reconstrucción con el objeto central de que los profesionales de la platanera en La Palma que han visto perdidas sus explotaciones o muy dañadas, o bien de otros cultivos o ganaderías, puedan seguir teniendo su futuro económico vinculado al desempeño de las mismas actividades productivas que estaban en funcionamiento antes del volcán, en tiempos anteriores al 19 de septiembre del año pasado, cuando se inició la erupción en Cumbre Vieja.

Torres destacó la necesidad de que las condiciones para recibir las ayudas directas del Posei se adapten en el seno de la Unión Europea (UE) a la situación que ha creado la erupción en La Palma con la platanera y otros cultivos o actividades agrarias, y se refirió de forma expresa a que la condición de mantener al menos el 70% de la producción anual por beneficiario como requisito para recibir esos apoyos comunitarios no sea de cumplimiento en el caso del plátano, y que esto se cambie durante el mayor número de años posible, para así facilitar la vuelta a la normalidad en este cultivo, clave en la Isla Bonita. Para conseguir ese fin, Torres reclamó el máximo apoyo de la Comisión Europea, también del comisario de Agricultura, presente en la visita de hoy.

En relación con la Administración comunitaria, el presidente canario solicitó que los fondos para la recuperación económica en la actual coyuntura de la covid puedan ser invertidos en la creación de los nuevos núcleos poblacionales del Valle de Aridane, que serán “sostenibles y resilientes”, justo en la línea de lo que se plantea como inversión objetivo con cargo a esa ficha financiera.

Además, Torres mostró el interés de Canarias y de La Palma en que la UE pueda adelantar, con la máxima antelación posible, los al menos 30 millones de euros que se deben recibir con cargo a su Fondo de Solidaridad. Esta aportación se puede invertir en reponer infraestructura pública, como carreteras, colegios, consultorios sanitarios…

También sobre el proceso de reconstrucción en la comarca de Aridane, iniciado en su “fase definitiva tras la confirmación oficial del término de la erupción el 25 de diciembre pasado”, el presidente del Gobierno autonómico avanzó que el nuevo trazado de la vía entre Las Manchas y Puerto Naos “se abrirá el lunes próximo”. Esta inversión pública, de casi 2 millones de euros, se puso en marcha con el volcán expulsando lava, ceniza y gases.

El reparto de las ayudas a los afectados y la realización de inversiones urgentes

Sobre esta cuestión, el presidente de Canarias volvió a incidir en que la gestión de las ayudas, las subvenciones y las inversiones públicas vinculadas a las consecuencias producidas por la erupción se han canalizado de forma rápida, sobre todo si los tiempos de entrega y ejecución de ahora se comparan con los logrados en situaciones de emergencia de magnitud parecida en periodos anteriores.

Torres adelantó que los recursos públicos ya repartidos o invertidos en la isla de La Palma para ayudar a las personas más vulnerables, a todos los damnificados por el volcán y para proceder a la reconstrucción de la amplia área dañada en el Valle de Aridane alcanzaban los 180 millones de euros.

El presidente de Canarias apuesta por la recuperación de las fincas e infraestructuras agrarias destruidas por el volcán en La Palma, una tarea cifrada en 110 millones de euros
El presidente de Canarias apuesta por la recuperación de las fincas e infraestructuras agrarias
destruidas por el volcán en La Palma, una tarea cifrada en 110 millones de euros

Además, a fecha de 10 de enero pasado, el Registro Único que se gestiona desde la Oficina del Afectado ha recibido 4.312 solicitudes de personas o entidades damnificadas por el volcán, de cuyo volumen se había iniciado el 97% de los expedientes registrados. Con esa misma referencia temporal, los expedientes firmados, ya resueltos en esta fase de registro, habían alcanzado el umbral de 2.776; esto es, el 66% de todos los presentados.

Según las áreas de actuación en los apoyos y las inversiones públicas, el titular del Ejecutivo autonómico se refirió a los 82 millones de euros ya desembolsados en alojamientos de emergencia para personas afectadas y con sus viviendas destruidas, en la compra de pisos y casas (incluidas las modulares o prefabricadas) o por las indemnizaciones aprobadas por el Consorcio de Compensación de Seguros y por el Estado debido a la pérdida de la primera vivienda, entre otros epígrafes.

A esos 82 millones de euros, se suman los 55,4 millones en ayudas sociales y de emergencia ya concedidas, estas con destino a las familias más vulnerables, y los 30,24 millones definidos para compensar pérdidas en la actividad económica y para recuperar la actividad productiva afectada por la erupción, sobre todo en los tres municipios del Valle de Aridane.

Por último, hay que destacar los 11,5 millones de euros de apoyo a la recuperación de infraestructura dañada, para la disponibilidad de agua de riego y para la puesta en marcha de la Oficina del Afectado en la Casa Massieu, junto al impulso de la participación ciudadana entre las administraciones públicas y los afectados por el volcán de Cumbre Vieja (personas físicas y jurídicas).

fuente: https://www3.gobiernodecanarias.org/

Comunidades de vecinos: ¿Es obligatorio pagar una derrama?

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No hay palabra más temida entre los propietarios de viviendas en una comunidad de vecinos que una derrama. Estos desembolsos se repiten habitualmente para hacer frente a diferentes gastos surgidos en las fincas, bien sea reparaciones, revisiones, obras, reformas, instalaciones, etc. Se trata de desembolsos económicos que se demandan a cada propietario y que siempre suelen causar controversia entre los vecinos. 

Comprobadas las grandes dudas existentes, los expertos de Legálitas responden a las cuestiones más habituales que son planteadas a sus abogados, en referencia a las derramas en las comunidades de propietarios.

¿Qué es una derrama?

Se trata de una cuota extraordinaria en la que se obliga a hacer frente a los propietarios a un pago fuera de los presupuestos ordinarios de la comunidad de vecinos. Por lo general tienen carácter urgente, y se recurre a ellas cuando no hay suficientes fondos ordinarios, y son necesarias hacer mejoras en el edificio. La aprobación de esos gastos extraordinarios debe realizarse en una junta de propietarios y la mayoría exigible varía en función del gasto de que se trate.

¿Cuál es el límite máximo de una derrama?

La Ley de Propiedad Horizontal no recoge un límite económico de máximos o mínimos en el importe de una derrama, y será la junta de propietarios la que tenga que acordar la cantidad de esta para poder hacer frente al pago en cuestión. Sin embargo, sí se diferencia entre derramas para obras de conservación necesarias, en las que no establece límite, y derramas para obras de mejora que sí pueden tenerlo para el propietario que vote en contra de la misma.

¿Cómo se calcula lo que paga cada vecino en una derrama?

Hay que tener en cuenta que no todos los vecinos pagan lo mismo en una derrama. La Ley de Propiedad Horizontal recoge que se realizará según el coeficiente del piso, es decir, según los metros útiles de la vivienda frente a la totalidad del edificio.

¿Qué acciones pueden hacer a través de una derrama?

Las tareas que se pueden llevar a cabo mediante una derrama no están recogidas de manera explícita en ningún texto legal por lo general se establecen para cuestiones como la instalación o reparación del ascensor, obras necesarias para poder pasar la inspección técnica de edificios (ITE), obras para la ejecución de una piscina, reparación de un bajante, reparación de humedades, pintura de la fachada, renovación o reparación de la instalación eléctrica, desatascos o arreglo de alcantarillados, etcétera.

¿La derrama siempre se produce por un imprevisto o por una urgencia?

Puesto que en los presupuestos ordinarios de las comunidades de propietarios los gastos suelen estar ajustados a las necesidades reales, cualquier gasto extra que no esté reflejado en esos presupuestos suele acabar en derrama, ya que no todas las comunidades de vecinos cuentan con recursos económicos suficientes para hacer frente a esos imprevistos. Por este motivo es habitual que cualquier contratiempo tenga que recurrir a una derrama para poder pagar un gasto no presupuestado. Sin embargo, dentro de esos presupuestos anuales, también se pueden planificar con tiempo las derramas para organizar el pago de un gasto en concreto que se conoce con tiempo.

¿Estoy obligado a pagar la derrama?

Esa obligatoriedad dependerá del tipo de derrama del que se esté hablando, no entran dentro de la categoría de obligatorias las relativas a la mejora del edificio para afrontar el deterioro provocado por el paso del tiempo. Sin embargo, existen las derramas para la conservación del inmueble, en las que sí es obligatorio que los propietarios paguen, puesto que se trata de una derrama que tiene como objetivo el mantenimiento del edificio en condiciones de seguridad y habitabilidad. Por otro lado, podemos hablar de las derramas para la eliminación de barreras arquitectónicas, en la que los propietarios tienen obligación de pago siempre y cuando el pago de la derrama no sobrepase doce mensualidades ordinarias.

Hay que tener en cuenta que, una vez adoptado el acuerdo de derrama en la Junta de Propietarios, es legal, por eso es complicado negarse a pagar sin que esa decisión tenga consecuencias legales ya que ese acuerdo obliga a todos los propietarios.

¿Qué sucede si un vecino no quiere pagar la derrama?

Una vez aprobado en junta negarse a su pago supondría una situación de morosidad para dicho vecino, ya que como explicábamos en el punto anterior cuando la derrama ha sido aprobada esta vincula el pago a todos los propietarios.

Ante la falta de pago de un vecino moroso, el presidente de la comunidad de propietarios puede solicitar al vecino de forma amistosa que proceda al pago de la derrama. Si este hace caso omiso de las peticiones, la comunidad podrá llevar a cabo su derecho de iniciar un procedimiento judicial, al igual que el vecino moroso por la vía legal tendrá el derecho de impugnar judicialmente el acuerdo si no está conforme.

¿Qué sucede si sobra dinero de la derrama?

Si de la derrama acordada sobrase dinero a la finalización de las obras, lo habitual es que ese dinero quede en la cuenta de la comunidad para hacer frente a futuros imprevistos e intentar de esta manera evitar un nuevo gasto a los vecinos en un futuro.

fuente: https://www.eldia.es/

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