La ley obliga a las Comunidades de Propietarios a protegerse de los accidentes que puedan sufrir sus proveedores

La mayoría de las Comunidades de Propietarios tiene dudas sobre si están obligadas a cumplir con la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), cuyo objetivo es proteger la salud y el estado físico de los trabajadores, propios y ajenos , informando de los riesgos que conllevan sus puestos de trabajo y de las medidas preventivas de seguridad que deben llevar a cabo para proteger su integridad y salud. La variedad de situaciones que se dan en las Comunidades provoca un gran desconocimiento sobre la aplicación de la norma. No obstante, esto no exime ni a la Comunidad ni al Administrador de Fincas, incluso en aquellas Comunidades que no tienen empleados contratados, de su cumplimiento por lo que, es conveniente arrojar luz sobre los diferentes supuestos que se pueden dar.

Cuando las Comunidades tiene trabajadores contratados. En este caso, como es lógico, tienen que cumplir con lo dispuesto en la normativa como cualquier otra empresa que tiene trabajadores a su cargo.
Las Comunidades de vecinos que no tienen trabajadores y que externalizan servicios como la limpieza, la vigilancia o el mantenimiento a terceros. En ese caso, están obligadas, según el Real Decreto 171/2004, a comunicar los riesgos y las medidas preventivas y de emergencia que rigen en el edificio para cumplir la PRL, en la medida que la Comunidad de Propietarios es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca y, en el caso de que una persona que ofrece un servicio externo sufriera un accidente laboral, éste podría ser responsabilidad de la Comunidad.
Cuando la Comunidad realiza algún tipo de obra en el edificio. Estos casos se rigen por el Real Decreto 1627/1997, debido a que comunidad de vecinos actúa con carácter de promotora de sus propias obras, y, por lo tanto, debe cumplir la PRL con todos los requisitos asociados al proyecto de la obra.
El incumplimiento, voluntario o no, por parte de la Comunidad o del Administrador conlleva una serie de sanciones tanto administrativas como penales, que pueden suponer un importante desembolso económico. Las multas de carácter administrativo van desde los 40 hasta los 2.045€ si son leves, de los 2.046€ a los 40.985€ las graves, y de los 40.986 hasta los 819.780€ las muy graves. En caso de llegar a ser necesaria la vía penal, pueden llegar a fijarse penas de cárcel de seis meses a 3 años para los responsables.

Precisamente por este motivo, es imprescindible que las Comunidades de Propietarios cuenten con un buen asesoramiento por parte de los Administradores de Fincas Colegiados. Para ayudarles en esta tarea, IESA pone a su disposición, a través del portal tucomunidad.com, un servicio de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, con todos los mecanismos para registrar el estado en el que se encuentran las comunidades que gestionan respecto a la PRL y la documentación acreditativa de haber realizado su labor de asesoramiento en PRL a los trabajadores o proveedores, ayudándoles a cumplir de forma sencilla con todos los requisitos en materia de prevención.

Colgar la lista de morosos en el portal está prohibido con la nueva normativa de protección de datos

Algunas prácticas en las comunidades de vecinos no son legales, como por ejemplo, colgar la lista de morosos en el portal. Algo que se ha hecho toda la vida para presionar, pero que va contra la nueva normativa de protección de datos. De hecho, la mayoría de sanciones a las comunidades son por este motivo aunque también las hay por irregularidades con las cámaras de videovigilancia, tanto en garajes como en zonas comunes.

Colgar la lista de morosos en el portal va en contra de la nueva normativa de protección de datos. Que se sepa los que deben dinero. Muchos vecinos lo piden. Colgar la lista de morosos en el tablón de anuncios. Ahora esto es ilegal.

También se llevan sanciones por las cámaras de videovigilancia porque no siempre cumplen con la normativa de protección de datos. «Tienen que enfocar solo a zonas comunes, no a jardines, ni viviendas» No pueden grabar la calle, solo la zona mínima necesaria para ver el acceso y a los 30 días se tienen que borrar las imágenes.

Los mayores conflictos vienen cuando alguno quiere verlas. «Como regla general no está permitida la entrega de esas imágenes a los propietarios» ha declarado un abogado.

«Es un disco duro que solo puede acceder la compañía que la instaló o la policía en caso de que ocurriese algún delito o algo. Nosotros los empleados o el presidente tampoco, nadie puede acceder a ellos»

Están para respaldar por si hay algún delito no para cotillear y tampoco los videoporteros. Los que graban o tienen visionado en tiempo real están prohibidos solo se permiten los que se activan cuando alguien llama.

 

fuente: https://www.antena3.com

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