Los administradores de fincas de Tenerife subrayan la «ilegalidad» de estigmatizar a vecinos por temor al coronavirus

En los últimos días se han extendido los casos de vecinos que cuelgan carteles en ascensores y otros espacios comunes identificando a residentes para que abandonen sus viviendas por trabajar en farmacias, hospitales o supermercados

Las normas de protección de datos impiden que se pueda identificar a un vecino de un edificio que haya contraído la COVID-19 ni su vivienda y tampoco se pueden utilizar las zonas comunes de la comunidad para dejar notas, indica el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.

Esta entidad señala que en una formación por internet organizada por este colegio profesional, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro aclaró que si el presidente de una comunidad de vecinos tiene conocimiento de que un comunero está contagiado por coronavirus puede pedirle que adopte las medidas de seguridad, pero no comunicar su identidad o datos a otros vecinos.

El Colegio de Administraciones de Fincas aclara este asunto después de las noticias publicadas de que hay vecinos que están dejando notas a otros residentes, profesionales de la salud o que trabajan en supermercados, para que abandonen el inmueble en el que viven en previsión de contagios.

Sin entrar a valorar la calificación moral de los individuos que realizan o comparten ese proceder, la presidenta del Colegio tinerfeño, Carmen Suárez, advierte de que no se pueden usar las zonas comunes individualmente para poner notas en el portal, en la cabina del ascensor, en las paredes o en una puerta, ni siquiera en el tablón de anuncios de la comunidad.

Y si bien estas incidencias pueden ser reportadas a la junta de propietarios, añade que las notas amenazantes ya no son una cuestión de la comunidad, sino directamente casos que hay que denunciar ante las autoridades.

En todo caso, matiza que son casos aislados, que no representan a las comunidades de propietarios, «en las que mayoritariamente se está viendo el apoyo y la solidaridad entre vecinos», señala.

Guía de la ‘nueva normalidad’ en la Comunidad Canaria

Limitaciones de aforo, apertura de parques infantiles y discotecas… Así es la nueva vida cotidiana para evitar nuevos brotes de COVID-19

En el mes de junio el Gobierno publicó el decreto ley para regular la ‘nueva normalidad’, vigente en todo el territorio a partir del domingo 21 de junio, cuando finalizó el plazo del estado de alarma. Entre las medidas que entraron en vigor se mantiene el uso de mascarilla obligatorio en el transporte público y en cualquier lugar en el que no se pueda mantener el metro y medio de distancia obligatorio en todo el territorio. Por otra parte, desaparecen las restricciones de movilidad entre comunidades y se recomiendan medidas para la reincorporación progresiva del trabajo presencial, si bien se fomenta el teletrabajo.

Muchas de las decisiones de las próximas semanas como, por ejemplo, la limitación de aforo en bares, tiendas o lugares de ocio, dependen de las comunidades autónomas. 

Las medidas concretas para Canarias

Aforo limitado: el Gobierno regional establece, como norma general, una ocupación máxima de 1.000 personas para espacios abiertos y de 300 en espacios cerrados. Los comercios no podrán superar el 75% de la ocupación. Para bares, restaurantes, establecimientos turísticos, bibliotecas, museos, cines y otros espacios culturales no habrá aforo limitado.

Actividades en grupo: se restringe a un máximo de 30 personas cualquier actividad deportiva al aire libre y se reduce a 25 para interiores.

Playas: queda establecido un espacio de cuatro metros por persona. Los deportes en estas zonas deberán practicarse de manera individual o en parejas, evitando el contacto físico.

Parques infantiles: quedarán abiertos.

Fiestas populares: por el momento no se permitirán.


Comunidades de vecinos: extremar limpieza y solo uno en el ascensor

Gobierno de Canarias recomienda medidas excepcionales para evitar contagios como pulsar el botón del ascensor con el codo y evitar el contacto personal

Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y  el Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, recomienda a las comunidades de vecinos adoptar medidas sanitarias y de limpieza excepcionales en las zonas comunes de las viviendas dependientes del Icavi para frenar la expansión del coronavirus o Covid-19 entre los residentes de esas urbanizaciones o bloques.

El Icavi, siguiendo varias de las recomendaciones del Colegio de Administradores de Fincas, solicita a los residentes en las viviendas del parque público su máxima colaboración e implicación para seguir una serie de actuaciones preventivas en los portales, escaleras y otras zonas comunes que pueda haber.

En este sentido, los vecinos y vecinas deben mantener una distancia de seguridad mínima de un metro entre ellos y evitar el contacto personal.  Está prohibido el uso de las zonas comunes como azoteas, patios o espacios destinados a las reuniones de comunidad o de vecinos.

El Icavi también recomienda a los responsables de cada comunidad a colocar carteles informativos con las medidas de higiene recomendadas, así como hacer constar del cierre de las zonas comunes.

En el caso de usar un ascensor, se aconseja no usarlo más de una persona a la vez, y pulsar el botón necesario con el codo o el dedo protegido, para evitar contagios.

El Instituto Canario de la Vivienda recomienda a las comunidades de propietarios incrementar la limpieza y el mantenimiento de estos edificios, y poner especial énfasis en los ascensores, pasamanos, pomos de puerta y porteros automáticos que suelen usar todos los vecinos.

Asimismo, Icavi recuerda a los residentes en una vivienda de titularidad pública que los trámites administrativos están aplazados a causa de las medidas de prevención del Real Decreto que activa el Estado de Alarma en todo el país, y por tanto aquellas comunidades o vecinos a título individual que tuviesen gestiones pendientes con el Instituto, podrán postergarlas hasta nuevo aviso.

El Icavi hace un llamamiento también a las comunidades de propietarios de edificios o urbanizaciones particulares para que se sumen también a estas recomendaciones, como ya les ha solicitado públicamente el Colegio de Administradores de Fincas.

fuente: http://espiral21.com/

Siete propuestas para mejorar la Ley de Propiedad Horizontal e impulsar la actividad de las comunidades de propietarios

LA INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ESTA ACTIVIDAD ES CLAVE PARA PODER DESARROLLAR REUNIONES VIRTUALES DE PROPIETARIOS EN SITUACIONES EXCEPCIONALES

Las comunidades de propietarios se han convertido en un elemento clave en estos momentos de crisis sanitaria. Sin embargo, no han sido consideradas prioritarias por el Gobierno y se echan en falta ciertas medidas legales para evitar la paralización de su funcionamiento.

Para Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario, vocal de la Comisión de Codificación de Cataluña y diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona “sería bueno que el Gobierno tomara alguna medida de mejora de la Ley de Propiedad Horizontal, una norma de los años sesenta que solo ha tenido dos modificaciones relevantes en su larga historia”.

Este experto recuerda que el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, prevé como medida extraordinaria aplicable a las personas jurídicas el uso de las tecnologías.

En concreto, el artículo 40 se indica que las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, pero “ninguna referencia se hace en la normativa a las comunidades de propietarios”.

En Cataluña sí se ha aprobado, con la participación de la Comisión de Codificación, un breve decreto ley donde se han adoptado medidas para paliar el efecto del coronavirus. Se trata que las comunidades de propietarios no se detengan. “Hablamos de una actividad que supone el 5% del PIB de toda España”, apunta este abogado.

Hay que recordar que el Real Decreto de estado de alarma definía a los administradores de fincas y otros profesionales como personal esencial.

El trabajo de los administradores de fincas, actividad esencial
Su gestión de la comunidad de propietarios es considerada clave para evitar cualquier problema de propagación del coronavirus.
“La problemática es complicada porque el órgano decisorio no deja de ser la Junta de Propietarios que ahora no puede reunirse presencialmente. La gente tiene miedo a contagiarse y todo esto puede paralizar esta actividad, incluso tras levantarse el estado de alarma”.

Las medidas que propone este jurista pretenden garantizar el funcionamiento y la actividad de estas entidades y evitar su paralización y ahogamiento financiero, de tal forma que puedan aprobar sus presupuestos y las cuotas correspondientes de este año. “Se trata de que puedan atender sus obligaciones contractuales que pueden afectar a sus relaciones con proveedores”, aclara.

De hecho, ante la falta de cobertura legal el poder realizar reuniones ‘online’ en las comunidades de propietarios es complicado “habría que tener la aquiescencencia de todos los propietarios, si hay alguno en contra por no disponer de los medios tecnológicos necesarios no se podría realizar la junta telemática ante el riesgo de vulnerar sus derechos de voto y voz, como participantes de esas deliberaciones”.

Algo que, agrega, “podría generar indefensión“, ya que “hay que darse cuenta que la ley actual no lo prevé, por lo que existe una gran inseguridad jurídica en esta forma de adoptar acuerdos comunitarios”, indica este experto.

Administrador de fincas y presidente de la comunidad, son claves
En este contexto recuerda la responsabilidad que tienen los presidentes de las Juntas de Propietarios y los propios administradores de fincas incrementadas en este entorno de crisis sanitaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales que no se encuentran suspendidas por el estado de alarma.

Para este jurista el papel de los administradores de fincas colegiados es vital, mantiene que “pueden ayudar a realizar dichas juntas telemáticas de propietarios con todas las garantías”.

A su juicio, “es importante que el Gobierno adopte medidas legales urgentes en aras de evitar la litigiosidad que se va a generar en las comunidades de propietarios por falta de seguridad jurídica”, aclara.

Alejandro Fuentes-Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario.
“Ahora mismo el papel de los presidentes debe centrarse en aquellas actuaciones comunitarias de carácter urgente, las reuniones las puede intentar hacer por videoconferencia notificando previamente a los interesados con la convocatoria sobre esta modalidad de celebración de junta para darles la oportunidad de manifestar su oposición para el caso de que no pudieran asistir a la junta por esta vía”.

Recuerda que “en el caso que hubiera algún perjudicado se debería suspender la celebración de la junta y no se podría realizar hasta que pasara el estado de alarma”.

Medidas legales urgentes
Para este experto en derecho inmobiliario algunas de las medidas legales urgentes serían las siguientes:

  1. Los cargos directivos de las comunidades tendrían que darse por prorrogados hasta que se celebre la junta ordinaria siguiente al vencimiento del plazo para el que se designaron.
  2. Otra cuestión importante supondría que el presupuesto anual del año anterior se tiene por prorrogado hasta que se celebre la junta ordinaria siguiente.
  3. Al mismo tiempo, se suspenden los plazos legales o estatutarios para la convocatoria y celebración de reuniones y para manifestar la oposición por los ausentes a dichos acuerdos mientras dure el estado de alarma, a menos que sea posible llevarlas cabo por medios telemáticos.
  4. Se habilita a las comunidades para que puedan celebrar juntas por videoconferencia u otros medios telemáticos sin necesidad de acuerdo comunitario previo o si no se dispusiera de dichos medios tecnológicos, para que todo comunero pueda ejercer su derecho de voto por cualquier medio de comunicación asincrónica, como puede ser el voto por correo postal o electrónico.
  5. La delegación de la facultad decisoria de la Junta en torno a la gestión y funcionamiento ordinario de la comunidad en el cargo de presidente mientras dure el estado de alarma.

En este sentido, cree que se debería prever que el presidente no precisara de acuerdo comunitario para la toma de decisiones relativas a la llevanza y gestión ordinaria de la comunidad de propietarios mientras dure el estado de alarma.

Esto supondría que estaría facultado para poder decidir unilateralmente la ejecución de las obras de conservación, mantenimiento y reparación que sean necesarias aun cuando no sean de carácter estrictamente urgente.

  1. Que no sea necesario acuerdo comunitario para la reclamación judicial de deudas comunitarias por la vía del monitorio.

En este sentido, manifiesta que “para reclamar vía monitorio se exigen unos requisitos documentales preceptivos, entre los que los tribunales vienen exigiendo un acuerdo comunitario facultativo al presidente para interponer la demanda de reclamación, pero para eso la Junta debería reunirse previamente con la pérdida de tiempo que ello conlleva“.

En estos momentos no es tan sencillo celebrar dichas reuniones de Junta de Propietarios. “Sería conveniente suprimir la necesidad de aportar con la demanda de juicio monitorio de reclamación de deuda comunitaria copia del acta que contenga dicho acuerdo para agilizar estas medidas”, afirma.

  1. Los contratos que la comunidad de propietarios tiene con distintos proveedores siguen su curso. “El problema está en la morosidad que pueda alcanzar. Será un problema de tiempo y de gestión interna el poder cobrar ese tercero, pero acabará cobrando ya que en última instancia responderá el inmueble del impago”.

Señala que “primero las comunidades responden con sus fondos propios y, subsidiariamente, en tanto que entes sin personalidad jurídica, responde cada uno de sus propietarios en proporción a su cuota de participación, con sus inmuebles”.

“Ante el riesgo de que se pueda proceder al embargo de los bienes inmuebles de los comuneros, la comunidad debería aprobar una derrama entre el resto de propietarios que no están en mora para pagar esa deuda que a posteriori deberá ser reintegrada por los propietarios morosos”.

por Luis Javier Sánchez.
Periodista jurídico, comunicador y consultor de comunicación.

Fuente:
https://confilegal.com/

La profesión de administrador de fincas ha sido reconocida como esencial en estos tiempos de crisis

«Al administrador de fincas le definen la variedad de conocimientos que debe poseer y la capacidad para reinventarse»

¿Quién nos podría decir hace unas semanas que nos íbamos a enfrentar, como nunca antes en nuestro país, a una pandemia que ha arrasado más de 20.000 vidas en unos pocos meses? Un país confinado, paralizado en sus casas, ha puesto de manifiesto la talla de muchos españoles.

Así, los profesionales de la sanidad se han convertido en héroes. Pero no sólo ellos: transportistas, empleados del supermercado, cuerpos y fuerzas del estado, limpiadoras y un largo etcétera, han demostrado saber estar a las duras y las maduras y sacar adelante sus labores para que todos vivamos más tranquilos, más cómodos.

El confinamiento ha convertido a todos los hogares en nuestro hábitat las 24 horas de cada día. En un pequeño ecosistema donde trabajamos, cocinamos, estudiamos, reímos y soñamos en cuando llegará la hora de volver a pasear por nuestras calles con libertad. Y para que todo siga siendo así, y podamos ver la televisión, el jardín esté cuidado, las zonas comunes de nuestra comunidad estén limpias y para muchas cuestiones más, la profesión colegiada del administrador de fincas se ha tornado fundamental.

Si hay dos rasgos que definen al administrador de fincas son la variedad de conocimientos que debe poseer en muchos oficios distintos que van desde la fontanería a la jurisprudencia.

El otro rasgo es la capacidad para reinventarse, para levantarse una y otra vez, dispuesto a encontrar siempre la mejor de las soluciones para los vecinos.

En estos tiempos, en que el coronavirus campa a sus anchas, el administrador de fincas ha tenido que adaptarse en un tiempo record a unas necesidades nuevas, a su propio confinamiento, al teletrabajo, a negociar unos servicios mínimos para sus comunidades y a aplazar mucho trabajo para un futuro aún incierto.

Para ello, muchos Colegios de Administradores han tratado de mantener informados a sus nuestros administradores, facilitándoles la información más concisa posible de todos los avatares con que el gobierno de la nación ha ido comunicándonos día a día, consejos de higiene sanitaria para sus administrados y para sus propios despachos, cartelería y un largo etcétera.

En ocasiones se ha tenido que negociar con proveedores los cambios a los que nos hemos visto abocados por esta pandemia. Cambiando protocolos de limpieza, horarios de personal, mantenimientos básicos y solucionando cada uno de los problemas que han ido surgiendo con la ayuda entregada de nuestros proveedores para que nuestros vecinos puedan disfrutar de sus hogares, sabiendo que a un golpe de teléfono tendrán a su administrador colegiado para resolverles cualquier problema.

Desde Acorfincas S.L. seguiremos trabajando para y por nuestras comunidades de vecinos, poniendo como objetivo número uno el atender de manera rápida y eficiente cualquier necesidad que nos comuniquen.

La ley obliga a las Comunidades de Propietarios a protegerse de los accidentes que puedan sufrir sus proveedores

La mayoría de las Comunidades de Propietarios tiene dudas sobre si están obligadas a cumplir con la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), cuyo objetivo es proteger la salud y el estado físico de los trabajadores, propios y ajenos , informando de los riesgos que conllevan sus puestos de trabajo y de las medidas preventivas de seguridad que deben llevar a cabo para proteger su integridad y salud. La variedad de situaciones que se dan en las Comunidades provoca un gran desconocimiento sobre la aplicación de la norma. No obstante, esto no exime ni a la Comunidad ni al Administrador de Fincas, incluso en aquellas Comunidades que no tienen empleados contratados, de su cumplimiento por lo que, es conveniente arrojar luz sobre los diferentes supuestos que se pueden dar.

Cuando las Comunidades tiene trabajadores contratados. En este caso, como es lógico, tienen que cumplir con lo dispuesto en la normativa como cualquier otra empresa que tiene trabajadores a su cargo.
Las Comunidades de vecinos que no tienen trabajadores y que externalizan servicios como la limpieza, la vigilancia o el mantenimiento a terceros. En ese caso, están obligadas, según el Real Decreto 171/2004, a comunicar los riesgos y las medidas preventivas y de emergencia que rigen en el edificio para cumplir la PRL, en la medida que la Comunidad de Propietarios es la responsable legal de todos los espacios comunes de la finca y, en el caso de que una persona que ofrece un servicio externo sufriera un accidente laboral, éste podría ser responsabilidad de la Comunidad.
Cuando la Comunidad realiza algún tipo de obra en el edificio. Estos casos se rigen por el Real Decreto 1627/1997, debido a que comunidad de vecinos actúa con carácter de promotora de sus propias obras, y, por lo tanto, debe cumplir la PRL con todos los requisitos asociados al proyecto de la obra.
El incumplimiento, voluntario o no, por parte de la Comunidad o del Administrador conlleva una serie de sanciones tanto administrativas como penales, que pueden suponer un importante desembolso económico. Las multas de carácter administrativo van desde los 40 hasta los 2.045€ si son leves, de los 2.046€ a los 40.985€ las graves, y de los 40.986 hasta los 819.780€ las muy graves. En caso de llegar a ser necesaria la vía penal, pueden llegar a fijarse penas de cárcel de seis meses a 3 años para los responsables.

Precisamente por este motivo, es imprescindible que las Comunidades de Propietarios cuenten con un buen asesoramiento por parte de los Administradores de Fincas Colegiados. Para ayudarles en esta tarea, IESA pone a su disposición, a través del portal tucomunidad.com, un servicio de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, con todos los mecanismos para registrar el estado en el que se encuentran las comunidades que gestionan respecto a la PRL y la documentación acreditativa de haber realizado su labor de asesoramiento en PRL a los trabajadores o proveedores, ayudándoles a cumplir de forma sencilla con todos los requisitos en materia de prevención.

Cómo va a afectar la llegada de la liberación del Segundo Dividendo Digital y el 5G

El pasado 21 de junio el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto 391/2019, con el que se ponía en marcha el reloj para la liberación del Segundo Dividendo Digital, que contempla el apagado de los canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la banda de los 700 MHz para permitir el desarrollo de la tecnología 5G. La hoja de ruta marcada por el Gobierno establece una carencia de seis meses, en la que los canales emitirán simultáneamente en la banda de 700 MHz y en alta definición (HD), para que los usuarios resintonicen los canales con el objetivo de que en junio de 2020 esta banda esté totalmente desocupada.

Este proceso será sencillo en el caso de las viviendas unifamiliares o edificios con sistemas de amplificador de banda ancha, cuyos propietarios solo tendrá que volver a resintonizar los canales desde la opción de ajustes de sus televisores. En el caso de las comunidades de vecinos, este apagón tecnológico implicará una adaptación de las instalaciones de recepción. Se estima que en esta situación se encuentran 1,3 millones de edificios, el 55% de los hogares en todo el país. No obstante, el desembolso y complejidad de este proceso dependerá del cambio que realizaron en 2015, cuando se produjo la primera resintonización de la TDT y que supuso la liberación de la banda de los 800 Mhz para dar paso a la mejor implementación del 4G por parte de las operadoras móviles.

Primer paso: Identificar cómo se hizo la primera resintonización de la TDT en 2015

El primer paso para embarcarse en este proceso es que el Administrador de Fincas, identifique si el edificio cuenta con cabeceras modulares o si está equipado con centralitas programables. En este último caso, la adaptación a las nuevas frecuencias de emisión será mucho más sencilla, ya que únicamente será necesario reprogramar el sistema operativo ya instalado. Hablamos de un escenario que representa entre el 15 y el 30% del total de los equipos de las comunidades.

En el supuesto de que cuente con cabeceras modulares, estamos ante un proceso más complejo y costoso, ya que será necesario instalar nuevos módulos para dar cabida a las bandas en las que emitirán los canales de la TDT de forma única, a partir del 30 de junio del próximo año. Esta actualización tecnológica deberá ser sufragada obligatoriamente por todos los vecinos, tal y como se recoge en la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 9 e) , en la medida que la antena colectiva es recogida como un elemento común en el artículo 396 del Código Civil. Para afrontar este desembolso, las comunidades pueden solicitar a través del Administrador de Fincas y vía web, las ayudas aprobadas por El Consejo de Ministros. Cada subvención individual oscila entre 104,3 y 677,95 euros, en función de las instalaciones, para cubrir el 100% de la adaptación, según el Gobierno.

Pero, ¿a quién recurrir para hacer esta adaptación de la antena? Tanto si hay que reprogramar la centralita como si hay que instalar nuevos módulos, el Administrador de Fincas como representante de las comunidades de vecinos, tendrá que contratar a un instalador autorizado, inscrito en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD), así como en la web www.televisiondigital.es.

Santa Cruz de Tenerife dará en 2020 ayudas directas a los vecinos para instalar ascensores

Los presupuestos del Ayuntamiento para el próximo año ya incluyen una partida de medio millón de euros para una de las iniciativas estrellas del nuevo grupo de Gobierno.

Obras para la instalación de ascensores

El Plan de Ascensores, una de las iniciativas estrellas del nuevo grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz (PSOE-Cs), y en concreto de la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, comenzará en 2020 a convertirse en realidad. Los presupuestos municipales para el próximo año incluyen una partida de medio millón de euros para poner en marcha una primera fase de este ambicioso plan, «con el que se pretende que numerosos vecinos dejen de estar secuestrados en sus casas». Así lo anuncia a EL DÍA el concejal de Servicios Públicos, el socialista José Ángel Martín, quien informa de que para esta primera etapa «hemos elegido la fórmula que creemos que es más rápida, que consiste en otorgar subvenciones directas a las comunidades de vecinos para que instalen ascensores en sus edificios».

José Ángel Martín señala que el área de Servicios Públicos de la Corporación local ya cuenta con el borrador de los pliegos de estas nuevas subvenciones, por lo que se prevé que la convocatoria se produzca en el primer trimestre de 2020, «a la que se podrán presentar todas las comunidades de vecinos del municipio cuyos edificios, con tres o más plantas, no tengan ascensor». El concejal del PSOE aclara que el medio millón de euros ya presupuestado para el próximo año podría incrementarse en otro medio millón a partir del mes de julio, «si la demanda así lo requiere»

¿Cual será el coste?

El Consistorio chicharrero calcula, según los precios actuales del mercado, que el gasto aproximado por ascensor será de unos 45.000 euros. Las subvenciones municipales costearán tanto la redacción del proyecto, en el caso de que las comunidades no cuenten con él, así como la instalación del aparato. Eso sí, apunta el concejal de Servicios Públicos, para acceder a estas nuevas ayudas se tendrán que cumplir una serie de requisitos, teniéndose en cuenta la situación económica de los vecinos que formen parte de las comunidades que se presenten a la citada convocatoria.

Zonas más afectadas

Según los datos con los que cuenta el Ayuntamiento de Santa Cruz, son numerosas las edificaciones del municipio que no disponen de ascensor a pesar de tener tres o más plantas. Entre las zonas más afectadas se encuentran los barrios de Chimisay, Añaza, Santa María del Mar, García Escámez y el barrio de La Salud, sobre todo la parte alta.

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, la socialista Patricia Hernández, ha manifestado en varias ocasiones que la capital necesitaba de manera urgente un Plan de Ascensores, «algo por lo que nadie se había preocupado hasta ahora, a pesar de que hay miles y miles de personas secuestradas en sus casas, que no pueden salir a la calle y si lo hacen, es con mucha dificultad».

«Estamos hablando de muchos vecinos mayores o ciudadanos que tienen problemas de movilidad, que no pueden salir ni siquiera para realizar las tareas cotidianas del día a día, que tienen que pedir ayuda para hacerlo todo. Y éste es un proyecto factible, que ya se ha llevado a cabo en numerosas ciudades del país», ha indicado la regidora chicharrera.

fuente: www.eldia.es

Cinco aspectos que una comunidad debe valorar antes de contratar a un administrador

un buen administrador es un recurso muy valioso para tu comunidad

La convivencia en un bloque de viviendas en altura no siempre es sencilla. Existen muchos tipos de vecinos, y entre ellos, algunos que pueden distorsionar la armonía de la comunidad. Los conflictos van de la morosidad y el ruido a las reformas y el uso de las zonas comunes. Además, hay que hacer frente a tareas de gestión y seguridad jurídica de la finca, por lo que muchas comunidades optan por contratar los servicios de un administrador. Desde pisos.com te contamos qué claves debes tener en cuenta antes de elegir a uno de estos profesionales.

1. Formación: El administrador de fincas debe ser un experto en propiedad horizontal y derecho fiscal. Como ‘solucionar de problemas’, tiene que cumplir una serie de requisitos formativos y legales. Todo administrador debe estar en posesión de uno de los títulos o grados universitarios exigidos por el Ministerio de Fomento, o bien, aprobar el plan de estudios de la Escuela Oficial de Administradores de Fincas.

2. Funciones: El principal beneficio que presenta contar con un administrador es la tranquilidad de una buena gestión económica de la finca, lo que redunda en una mejor calidad de vida de los vecinos. Este profesional es el encargado de asesorar a la comunidad, controlar a los proveedores, coordinar los siniestros, advertir sobre la morosidad y mantener la convivencia entre los comuneros. En las juntas, redacta el acta y practica las notificaciones que procedan.

3. Garantías: Todo administrador de fincas debe ofrecer unas garantías a las personas que demandan sus servicios. Su formación debe ser continua y actualizada, con el fin de contar con información puntual y casi diaria sobre los cambios normativos o técnicos que pueden afectar a su profesión. Solo de ese modo se puede garantizar el nivel de servicio y asesoramiento que merecen los vecinos. Por otro lado, estos expertos aportan control deontológico y profesional de sus actuaciones.

4. Tarifas: Los honorarios de un administrador de fincas son fijados libremente, puesto que no existen tarifas mínimas ni recomendadas al respecto. Su coste se determina en función de la carga de trabajo. También influyen otros factores como el número de propietarios y los servicios comunes con los que cuente la finca, puesto que la calefacción, la piscina y la portería suponen una mayor dedicación. Lo mismo pasa con la domiciliación o no de los recibos comunitarios, la morosidad y las obras.

5. Contratación: La materialización y formalización de la relación entre los propietarios de la comunidad y el administrador de la finca se suele llevar a cabo a través de la firma de un contrato anual renovable. En el documento deben constar, por ejemplo, los servicios incluidos y excluidos, los honorarios y la forma de pago. Por otro lado, hay que señalar que los administradores disponen de un seguro de responsabilidad civil, y dependiendo del colegio profesional al que pertenezcan, un seguro de caución.

Fuente: www.abc.es