El Gobierno despeja el camino para instalar las casas prefabricadas para los afectados por el volcán de La Palma

El Ejecutivo ya ha adquirido las 30 primeras viviendas modulares de madera para hacer frente a la emergencia habitacional en La Palma. Este primer lote, ya que la Consejería prevé adquirir al menos 200 casas de este tipo, ya se encuentra disponible para su instalación en una parcela propuesta por el Ayuntamiento de El Paso en el caso de que este terreno cumpla con las condiciones necesarias para este tipo de construcciones.

Además, el municipio deberá proceder a la cesión del suelo a la Consejería tras la formalización de los correspondientes acuerdos plenarios del consistorio, señaló ayer el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, en comisión parlamentaria.

La instalación comenzará en una semana o 10 días, ya que están pendientes las obras para aplanar el terreno donde irán ubicadas.

Las cajas con las 30 viviendas modulares aún desmontadas se encuentran ya en un almacén que la empresa suministradora tiene en el propio municipio de El Paso.

“A medida que los ayuntamientos nos van cediendo suelo iremos instalando las viviendas, pero necesitamos suelo para poder instalarlas y eso no depende sólo de la voluntad del Gobierno, depende de que ese suelo sea óptimo para poder inmediatamente instalar esas viviendas prefabricadas que ya hemos empezado a comprar”, ha informado Franquis, quien en su intervención ha insistido en que en estos días se pone en marcha en La Palma “una fase de transición” que va a durar tres o cuatro meses. De hecho, ya está proyectada toda una urbanización de 543 viviendas prefabricadas.

Viviendas en ladrillos

Para esta fase de transición la Consejería ha adquirido ya un primer lote de 18 viviendas ya construidas en pisos cuya compra ante notario se ha formalizado esta semana, tal y como ha anunciado el consejero este jueves en el Parlamento de Canarias. Este lote de 18 viviendas de ladrillo se encuentra ubicado en los municipios de Tazacorte y Fuencaliente y se ha destinado una partida de 1,1 millones de euros. “Hoy, además, podremos contar con la baremación social del comité técnico constituido en La Palma para designar a las primeras familias que podrán alojarse en estas viviendas, yo espero, en los próximos días”.

El consejero recordó que existe un plan de actuación para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren decenas de familias en La Palma, dividido en tres fases. La primera de esas fases, la de atender la emergencia inicial, ya está en marcha desde hace más de un mes cn el alojamiento de los desalojados en hoteles y casas de familiares. “Como ya anuncié la semana pasada en el Parlamento, empezaremos entre esta semana y la próxima a poner en marcha la fase de transición de estas familias que están en este momento alojadas en los hoteles o que están viviendo con familiares para que poco a poco vayan a esas viviendas prefabricadas o viviendas compradas, un proceso que no se va a culminar de la noche a la mañana. Como expliqué entonces, es una fase que va durar de tres a cuatro meses porque las viviendas hay que buscarlas, adquirirlas, habilitarlas y luego baremar a las familias más necesitadas”.

fuente: https://www.laprovincia.es/

La especulación inmobiliaria entorpece el realojo de los palmeros que han perdido su única casa

Cerca de 900 familias han visto cómo la lava engullía su único hogar. El presidente canario aseguró la semana pasada que los primeros 18 domicilios para ellos iban a estar esta semana, pero todo apunta a que habrá que esperar un poco más

Hablamos con un hombre que perdió su casa de dos plantas, una finca, un estanque y una huerta. Ahora se está quedando en un piso de alquiler en Los Llanos de Aridane por el que desembolsa 500 euros al mes.

– Pedí una ayuda, a ver si me dan algo, pero no saben si me la va a dar Cruz Roja, Cáritas… Ya tuve que pagar el primer mes de mi bolsillo. Es que no se consigue nada y encima está todo muy caro. Conozco a gente que alquilaba por 400 euros y ahora está haciéndolo por 800.

– Qué cara tienen, ¿no?

– Cara no, esos son usureros.

El hombre está esperando a ser atendido. Dentro hay un enjambre de abogados, notarios, administradores de fincas, trabajadoras sociales y encargados de la compra de viviendas para el realojo de los palmeros a los que la lava ha sepultado su único hogar, cerca de 900, según las últimas cifras. Miguel Ángel Pulido, director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia de Canarias, es el hombre indicado para hablar de esto último, señala un tipo que camina citando a “los fondos buitres esos”, los que en su opinión están detrás de que al Archipiélago le esté costando adquirir domicilios tras la erupción.

Pulido está al teléfono en una de las habitaciones del centro y da la impresión de que podría estar así todo el día por la carga de trabajo que tiene. El Ejecutivo autonómico compró 18 viviendas a principios del mes de octubre, pero aún no las ha habilitado para las primeras familias. Se esperaba que sería esta semana, pero todo apunta a que eso no ocurrirá. “Se está ultimando la colocación de algunos espacios, como la cocina… Yo espero que la próxima semana estén a punto”, dice.

Pulido explica que el proceso de compra pasa primero por contactar con un promotor local, que este se haga con los pisos de un fondo de inversión, los remodele, y luego los venda a la empresa pública de viviendas de Canarias, Visocan. Ya han comprado 18, pero se espera que para este mes sean en torno a 60. En ningún momento, agrega, han tenido problemas con los fondos. Con quien sí ha habido contratiempos, en cambio, es con algún promotor local. “Uno de ellos tenía un pequeño grupo de siete apartamentos, estaba dispuesto a negociar y ahora nos ha dicho que el precio va a ser superior. Nosotros no vamos a permitir que se especule con dinero público. Que las ponga en el mercado libre y las venda”, asevera.

Visocan no está pagando más de lo que cuesta una vivienda de protección oficial, en la que el máximo por metro cuadrado está en 1.400 euros. Así se llegó al acuerdo con el promotor de Tazacorte, indica Pulido, donde se encuentran 13 de las primeras 18 casas, para las que se ha destinado un total de 1,1 millones de euros. “No pagamos precios especulativos”, reitera este alto cargo público, quien recuerda la poca oferta que hay en el mercado, especialmente en Los Llanos de Aridane, donde el 86% de la superficie del municipio es de suelo rústico común, sobre el que no se puede edificar. “Sí, hay especulación”, reconoció el concejal de Urbanismo, Manuel Perera Carreras, a este periódico. La razón: no hay donde construir.

Este jueves, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Viviendas del Gobierno autonómico, Sebastián Franquis, ha incidido en la necesidad de recalificar suelo para la instalación de viviendas y que eso “no solo depende de la voluntad del Ejecutivo, depende de que ese suelo sea óptimo”. Canarias acaba de adquirir 30 domicilios modulares de madera de 74 metros cuadrados para hacer frente a la emergencia habitacional en La Palma. Pero el Ayuntamiento de El Paso, que es el que ha cedido el terreno para su instauración, aún no confirmado que cumpla las condiciones para su montaje.

Con todo, Franquis aclaró cuáles son las fases del plan de actuación que existe en la isla para el realojo de los vecinos afectados por el volcán. En primer lugar, la compra de bienes inmuebles para los damnificados. Después, la fase de transición, en la que los palmeros comienzan a alojarse de manera provisional en estos hogares; y por último, el plan de reconstrucción, aunque pare eso aún falta mucho. “Sabemos que eso no va a ser antes de cuatro años. Lo hemos explicado, lo hemos dicho públicamente, especialmente a los afectados”, sentenció.

¿Quiénes serán las primeras familias realojadas?

Alrededor de 900 palmeros han visto cómo la lava trituraba la única vivienda con la que contaban. Todos ellos necesitan una alternativa habitacional digna, pero antes es necesaria una guía que jerarquice quiénes deben recibirla primero (no por merecimiento, sino porque sus condiciones materiales son más desfavorables y deben atenderse rápidamente). De esto se encargan las trabajadoras sociales de la Casa Massieu, un total de 15 profesionales a las que se les van a sumar otras 12 en los próximos días.

“Trabajan mañana y tarde, todos los días”, indica el gerente de la Oficina de Atención Ciudadana, Sergio Matos. Recorren el edificio prácticamente corriendo, de un lado para otro, sin tiempo que perder. Fuera del centro la gente se impacienta. “Dicen que la cita dura unos diez minutos, pero no es verdad. Te puedes pegar ahí media hora mínimo”, asegura una de las afectadas.

Las trabajadoras sociales deben realizar una especie de “ficha social” de cada persona en la que esté detallado cuántos miembros de la unidad familiar sufrieron los estragos del volcán, si la vivienda afectada era su domicilio habitual, si cuenta con alguna alternativa a esta… También preguntan cómo están sobreviviendo ahora, si se encuentran en hogares hacinados o pagando un alquiler que no podrán soportar durante mucho más tiempo, cuáles son sus ingresos después de la erupción, si tienen hijos pequeños o sufren alguna enfermedad. Son tres campos generales: alojamiento, economía y aspectos sociales. La suma de todos ellos da un baremo que una comisión técnica está validando en estos momentos para la entrega de las viviendas.

“Hemos hecho alrededor de 600 fichas ya”, destaca Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. “Cada caso lo estamos viendo con los ayuntamientos, que son los que van refrenando los datos que recogemos. Las primeras 18 familias se han escogido por orden de puntos”.

El cuestionario no tiene en cuenta si el afectado no puede demostrar la titularidad de la vivienda, basta con estar empadronado en ella, remarca Delgado. Si la casa no estaba legalizada, esa no es una cuestión que les compete. “Esto son ayudas directas. El haber declarado la zona catastrófica en la isla ha permitido que estos trámites se puedan disminuir por la gravedad del problema”.

En total, son unos 200 puntos máximos en cada apartado. “Por ejemplo, si has perdido tu vivienda, 80 puntos; si tienes alternativa habitacional, 50; que tienes tres menores: 30. Todo eso suma y da un número, que es como clasificamos las 600 entrevistas que hemos hecho ya”. Estos hogares serán gratuitos durante el primer año y los dos cursos siguientes las familias afectadas tendrán que pagar un 10% del alquiler, explica Delgado.

La presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz aclara que se trata de un alojamiento provisional, no definitivo. “Son espacios seguros. Ante una situación de hacinamiento con familiares, o en un pajero sin agua corriente, entiendo que esta es la mejor opción. Otra cosa es su futuro. Me imagino que se hará un plan de reconstrucción que deberá contar con la participación de todos, no con cuatro sentados en una oficina”, concluye.

fuente: www.eldiario.es

Cómo celebrar juntas de propietarios en tiempos de pandemia

Gtres

Tras 16 meses de pandemia, y con la quinta ola planeando sobre nuestras cabezas, observamos que la vigente Ley de Propiedad Horizontal, en pleno siglo XXI, no prevé la posibilidad de celebrar las Juntas de Propietarios por medios telemáticos, a pesar de contemplar una serie de obligaciones de carácter ineludibles, como es la de celebración de una Junta General Ordinaria anual, en la que se han de aprobar las cuentas de la comunidad, el plan de ingresos y gastos y el presupuesto anual.

Con las restricciones que actualmente tenemos y las medidas de seguridad que, lógicamente, se han de adoptar, parece que la publicación del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, pretendía paliar o rellenar dicha laguna legal en orden a que las comunidades de propietarios no sintieran que se está incumpliendo la Ley; bien porque no se celebren esas Juntas, bien porque se celebren de una forma inadecuada, es decir, no de manera presencial.

Y digo que parece que quería paliar dicha situación de ausencia de regulación, porque el objetivo de dicha medida se ha quedado en eso, en un objetivo, pero en absoluto en una herramienta eficaz que dote de seguridad jurídica a quienes pretendan celebrar una junta de propietarios, de manera telemática, antes de que finalice este año 2021, fecha hasta la que se han adoptado determinadas medidas.

En el citado Real Decreto se establecen una serie de medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades, y así:

  • Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la obligación de convocar y celebrar la junta,
  • y se suspenden las obligaciones de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual.
  • Al mismo tiempo, y durante ese mismo período, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se entienden prorrogados, tanto el último presupuesto anual aprobado, como los cargos u órganos de gobierno que fueron nombrados en la junta anterior.

Ahora bien, en la vida de las comunidades de propietarios surgen otra serie de cuestiones que todos o algún comunero consideran de carácter urgente, y cuya decisión no se puede demorar en el tiempo, debiendo adoptarse por las mayorías, cualificadas o no, de la junta debidamente convocada.

Es en estas situaciones en las que debemos de tener en cuenta cuáles han de ser los procedimientos adecuados para convocar y celebrar esas juntas, y sin que adolezcan de nulidad los acuerdos o decisiones que se adopten en ellas.

Con carácter previo indicar que en ningún lugar se prohíbe la celebración de juntas de propietarios de carácter presencial, adoptándose las debidas medidas de seguridad, por lo que inicialmente, se pueden celebrar en espacios abiertos, manteniendo la distancia y con el uso de mascarillas; pudiéndose tratar en las mismas cualquier punto del orden del día, tenga o no el carácter de urgente.

Ahora bien, el Real Decreto deja previsto, y por un tiempo limitado, hasta el 31 de diciembre de 2021, la celebración de las Juntas por medios telemáticos, pero solo para determinados casos excepcionales y bajo el cumplimiento de unos concretos requisitos.

Los casos previstos para la celebración de las Juntas telemáticas, por videoconferencia por ejemplo, están tasados y son exclusivamente y de manera excepcional, quedando previstas para aquellos asuntos que objetivamente no puedan demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021, y concretamente para las obras, actuaciones e instalaciones previstas en el artículo 10.1, b) de la Ley de Propiedad Horizontal, refiriéndose las mismas a obras que garanticen accesibilidad, diciendo el indicado precepto legal:

“Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior…”

Hasta aquí parecería que todo queda solucionado siendo que, en definitiva, si hay asuntos urgentes que no pueden esperar al 31 de diciembre de 2021, se podrán celebrar las Juntas de Propietarios de manera telemática, sin que por ello se pudiera hablar de “ilegalidad” de las mismas, ni se corriera el riesgo de que prosperara la impugnación que pudiera realizar cualquier copropietario.

Por tanto, podríamos pensar que, aprovechando cualquier asunto considerado por los órganos de gobierno como urgente, se podría celebrar, sin riesgo alguno, la Junta de manera telemática, decidiéndose también sobre el resto de puntos del orden del día que se quisieran incluir, como el nuevo nombramiento de cargos o los presupuestos.

Pero eso no es así, porque el verdadero obstáculo lo encontramos al analizar cuáles sean los requisitos necesarios y obligatorios para la celebración de esas Juntas telemáticas antes del próximo 31 de diciembre, y que no son otros que:

a) Todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, lo que será comprobado por el administrador con antelación a la junta; y

b) El secretario reconozca la identidad de los propietarios asistentes a la junta y así lo exprese en el acta.

Es decir, el primero de los requisitos es de difícil, por no decir imposible, cumplimiento: el administrador (y debemos de entender que para el caso en que no haya administrador, habrá de ser el presidente), ha de comprobar que la totalidad de los propietarios disponen de los medios necesarios que les den acceso a esa Junta.

En primer lugar he de indicar que se me escapa de qué manera puede un administrador o presidente comprobar que todos y cada uno de los propietarios dispone de ordenador, Tablet, teléfono móvil, etc…., por ser elementos de carácter personalísimo.

Siendo este requisito difícil o imposible de cumplir (salvo que sea la propia comunidad quien facilite a todos y cada uno de los propietarios los medios adecuados), habrán de fiarse de lo que les indiquen todos y cada uno de los copropietarios, por lo que será suficiente, con que uno diga que no dispone de dichos medios, para no celebrar la junta telemáticamente, o en caso de celebrarla correr el riesgo de que se declare su nulidad por un tribunal si fuera impugnada.

En conclusión, aprovechen el buen tiempo y procedan a celebrar las Juntas de manera presencial, al aire libre y con medidas de seguridad.

Autora: Carmen Giménez

origen: Idealista.com

La que se avecina en las comunidades de propietarios: los presidentes, atrapados en el cargo

Las juntas de vecinos no están prohibidas, pero se han reducido al mínimo y los cargos han quedado prorrogados por la pandemia.
Los administradores de fincas y numerosas asociaciones reclaman que se reforme la ley de propiedad horizontal para que las reuniones puedan ser virtuales.


La que se avecina… en las comunidades de propietarios. Muchos presidentes quieren abandonar el cargo y no pueden. “Sigo de presidente de mi comunidad casi por imperativo legal, por culpa de la pandemia”, cuenta Miguel al otro lado del teléfono con cierta impotencia. Este propietario debía haber dejado el cargo el pasado mes de julio, al cumplir un año, pero el administrador le ha disuadido en reiteradas ocasiones para que no se convoque la junta anual de vecinos por la evolución de los contagios en nuestro país. “Se descartó celebrar la reunión en el despacho de la administradora porque no podíamos mantener la distancia social. Intentamos reunirnos en una iglesias o en un hotel, pero ninguno de los dos han querido junta a tanta gente”.

Miguel ha asumido con resignación que debe seguir de presidente de su comunidad en contra de su deseo y, lo que es peor, sin saber cuándo abandonará el cargo. “Me han dicho que hasta abril por lo menos, pero veremos. Mientras hemos prorrogados los cargos y las cuentas. Tengo que soportar casi a diario las peticiones de los vecinos y sus problemas. Es un poco inaguantable esto de ser presidente”.

La pandemia ha reducido al mínimo la celebración de juntas de vecinos. No están prohibidas las reuniones físicas, excepto en Cataluña, pero según los administradores de fincas, se desaconseja celebrarlas para evitar contagios y, en todo caso, si se convocan, debe ser por un motivo de extrema urgencia.

El caso de Miguel no es una excepción y en los foros de comunidades de propietarios se suceden las quejas de presidentes hartos de tener que seguir en su cargo.

“En febrero cumplía un año de presidente, en marzo estaba prevista la reunión pero se paralizó por la Covid. Ahora he propuesto hacerla virtual. El administrador me dice que a distancia no se puede y que si la quiero hacer presencial tengo que firmar un documento asumiendo yo la responsabilidad en caso de contagio. ¿Qué puedo hacer?”, se pregunta un propietario por internet.

“He recibido un comunicado de la gestoría cancelando la junta anual justificando que no cabemos todos en el portal”, se queja otro propietario.

Los administradores de fincas confirman la dificultad añadida que están teniendo a la hora de lidiar con las comunidades de vecinos por la pandemia. “Hay gente que es comprensiva pero otros vecinos presionan para que se celebre la junta porque quieren dejar el cargo o porque quieren tratar un tema”, explica Patricia Briones. Esta abogada y asesora jurídica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid reconoce que “los colegiados están intentando evitar la celebración de las reuniones de vecinos porque saben del riesgo que se corre”. En general, se están prorrogando las cuentas y los cargos de los edificios.

“La norma no prohíbe la celebración de juntas ahora mismo pero tampoco es clara. Nos ha pasado que la policía ha disuelto algunas reuniones de propietarios”, cuenta Briones.

La solución a parte de todos esos problemas se resolvería permitiendo que las reuniones de vecinos fueran virtuales pero la ley de Propiedad Horizontal, de 1960, no contempla ese supuesto. “Está claro que necesita una reforma y no un parche. Yo hace un año no sabía qué era Zoom (una aplicación de videollamadas), imagínate una ley de los años 60”, asegura Briones.

Cataluña es la única comunidad que sí deja que se celebren las reuniones de vecinos de manera virtual porque es la única que ha desarrollado una normativa propia. “Aquí tenemos una regulación que no hay en el resto del Estado. Las juntas telemáticas representan este año el 18%, en 2019 no llegaban al 0,5%”, asegura Lorenzo Viñas. El gerente del Colegio de Administradores y Fincas de Barcelona y Lleida explica que esta vía “ha crecido en tres meses lo que habría tardado tres años en circunstancias normales”.

“Si un vecino no puede conectarse por vía telemática desde su casa nos lo tiene que decir previamente a la celebración de la junta. A algunos vecinos les hemos facilitado los medios desde nuestro despacho”, asegura Viñas pero añade: «es necesario que la legislación se actualice para todo el país y se incorporen las nuevas tecnologías».

Los problemas que se han generado en el día a día han llevado a cada comunidad actuar según sus propias necesidades. En Galicia, por ejemplo, la Xunta y el Colegio de Administradores de Fincas han elaborado una guía de actuación: se recomienda reducir al mínimo la convocatoria de juntas y en caso de que se celebren se pide que sean lo más breves posibles y con poca gente.

La vicepresidenta del Colegio de Administradores de fincas de Galicia pone varios ejemplos de experiencias poco aconsejables que ha vivido durante estos meses. “La gente llegaba a una reunión y lo primera que hacía era quitarse la mascarilla para que el resto les oyera mejor. En otra junta, en la que éramos cinco personas, una señora nada más llegar me dio dos besos y se sentó muy cerca de mí para oírme mejor”, cuenta Carmela Lavandeira.

“Por eso la Xunta dice ‘si no es urgente, no convoque”, asegura Lavandeira. En Galicia la celebración de junta de vecinos ha caído este año un 70% en comparación con 2019. “La presión que nos llega es de los presidentes que no quieren seguir en el cargo. Estos meses han sido duros, hemos tenido que capear muchas cosas”, afirma la vicepresidenta del Colegio de Administradores.

Voto a distancia

Además de los administradores de fincas, numerosos colectivos llevan tiempo no solo reclamando que se puedan celebrar a distancia las reuniones de vecinos sino también que se permita el voto telemático. Según una encuesta realizada por supervecina.com, una plataforma que ofrece servicios a las comunidades, el 75% de los encuestados reclaman que se pueda votar online en las juntas de vecinos.

“Al igual que sus señorías pueden expresar su opinión de forma remota desde sus escaños vacíos del Congreso de los Diputados en estos tiempos del Covid en España, donde un 84% de la población es propietaria de una vivienda y el 85% vivimos en una comunidad de Propietarios, es hora de que podamos participar en las decisiones que nos afectan en el día a día”, asegura Miguel Prado, CEO de Supervecina.com

El sondeo, que ha contado con la participación de 3.600 propietarios de pisos, asegura que con el voto a distancia aumentaría la participación en las juntas, y con más participación 6 de cada 10 considera que se reducirían los conflictos en las comunidades de vecinos.

Las Islas se juegan los próximos dos años

Los líderes insulares advierten del descalabro económico que se podría vivir en Canarias si otros países emulan a Reino Unido | Exigen un trato diferenciado para el Archipiélago

El futuro del turismo es el futuro de la economía canaria. La decisión del Gobierno británico de excluir a España del listado de países exentos de cuarentena ha sacudido los cimientos del principal pilar económico del Archipiélago cuando apenas empezaba a reactivarse. Pocas horas después, el turoperador TUI, principal proveedor de viajeros británicos en el mercado canario, anunció la suspensión de todas sus conexiones con las Islas. Unos 250 vuelos semanales y unas 50.000 plazas de avión quedaban, por lo tanto, en el aire. Finalmente, el turoperador cambió ayer de opinión y mantendrá sus conexiones con Canarias y Baleares.

Pese a que TUI reculó y Canarias ha conseguido que las Islas queden excluidas de la recomendación británica de no viajar a España por la proliferación de contagios del coronavirus, los movimientos internacionales observados este fin de semana han puesto en alerta a todo el Archipiélago. Los representantes de tres de los cabildos de la provincia tinerfeña insistieron en la necesidad de que Canarias se distinga -por derecho propio y a tenor de los últimos datos epidemiológicos- del resto del territorio español. Corredores aéreos seguros y pruebas de detección del virus en el destino son su principal reclamo.

«El Cabildo de Tenerife está trabajando conjuntamente con el Gobierno de Canarias para que la situación sanitaria de la Isla y del Archipiélago se haga valer en estos momentos y continuaremos con las gestiones», aseguró el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.

El dirigente socialista recordó que la región lidera el rastreo de nuevos casos y que la incidencia de nuevos contagios es de las más bajas. El tinerfeño insistió en la seguridad que las Islas ofrecen como destino internacional y espera que «en los próximos días se alcancen nuevos acuerdos». También celebró el hecho de que TUI rectificara y distinga a Canarias del resto de España.

En La Palma, el responsable insular de Turismo, Raúl Camacho, mostró su preocupación por las noticias que llegan desde Reino Unido. «No son nada buenas para una isla como La Palma ni para una región como la de Canarias. El turismo es nuestro segundo motor económico, es necesario que tengamos conectividad», explicó. El portavoz del Cabildo de La Palma reiteró el ofrecimiento de la institución de convertir la Isla en territorio piloto para esos corredores seguros de viaje que Canarias quiere instaurar y garantizar el funcionamiento de su principal industria durante los próximos meses. «Los controles en destino son necesarios. Los hemos demandado insistentemente al Estado a través del Gobierno de Canarias. Una retirada de nuevo del turismo significaría el colapso total y absoluto de la economía y nos veríamos afectados de una forma muy grave», alertó.

Camacho también mostró su preocupación por la salud de los palmeros. «Hemos logrado estar libres de Covid y no queremos que por ese descontrol y esa falta de decisiones del Gobierno de España tengamos que tirar todo el trabajo por la borda», recordó. En la Isla Bonita insisten en la necesidad de preparar estos protocolos sanitarios antes de que llegue la temporada turística de invierno, fecha prioritaria en el mercado canario. «Tenemos que llegar preparados antes de esa primera oleada de rebrotes», sentenció.

Desde la isla de La Gomera, el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, fue tajante en su valoración sobre la situación sobrevenida tras el anuncio británico. «Este tema no puede pasar desapercibido, nos lo jugamos todo. Nos jugamos el salir adelante en un porcentaje de reactivación económica razonable de aquí a final de año o estar dos años de penurias y dificultades. Eso sería un ?caos para Canarias», dijo.

Canarias ha hecho bien la tarea y se encuentra en una situación sanitaria más favorable que el resto del territorio español y Curbelo opina, por lo tanto, que hay que distinguirse como una marca turística segura y que «se empiecen a establecer corredores para la conectividad de países y regiones».

De los 15 millones de viajeros que el pasado 2019 escogieron las Islas para pasar sus vacaciones, cinco millones eran británicos. Eso habla de la importancia de este mercado para la principal industria de las Islas. Lo preocupante, continuó Curbelo, es que la decisión adoptada por Reino Unido corra como un reguero de pólvora por el resto de países y se produzca un nefasto efecto de contagio. «Ese mensaje puede ser transmitido al resto de países del entorno, que leen la decisión de Reino Unido y se ponen ahora en alerta», recalcó.

Curbelo, que ayer mantuvo conversaciones al respecto tanto con su compañera Yaiza del Castillo, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, como el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reclamó unidad de acción a las instituciones canarias y solidaridad al Estado ante la difícil situación ante la que se encuentra la región.

fuente: www.eldia.es

Los okupas «hacen negocio» con el covid-19: qué falla y cómo atajar este grave problema

Los despachos de abogados han visto aumentar considerablemente las denuncias de propietarios por usurpación de la vivienda tanto la vacacional como la habitual.

En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas. Y en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social, tal y como alertan los expertos consultados por idealista/news.

Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%, hasta las 14.394 okupaciones. Por su parte, los datos que maneja el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas reflejan que en el último año el 61% de las fincas vacías en España han tenido casos de ocupación y en Cataluña, el 88%.

Son datos alarmantes y más los que se manejan en Cataluña: Barcelona, Gerona y Tarragona son las tres provincias con más alto porcentaje de ocupación en España. En concreto, las ocupaciones son del 14,2%, el 12,2% y el 11,5%, respectivamente, por cada 10.000 residencias. En número concretos, Cataluña registró 6.688 ocupaciones denunciadas en el año 2019. La provincia de Barcelona 5.101 -casi 18.850 acumuladas de 2013 a 2019- y el mayor índice de la península: al menos 66 cada 10.000 viviendas.

Con estas cifras, los despachos de abogados han visto aumentar considerablemente las denuncias de propietarios por usurpación de la vivienda tanto la vacacional como la habitual. Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que el confinamiento provocado por el covid-19 ha sido aprovechado por los okupas para entrar ilegalmente y quedarse en los inmuebles, al verse obligados sus titulares a ausentarse tras la declaración del estado de alarma.

Beatriz Toribio, directora general de ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), sostiene que “la ocupación ilegal se ha convertido en uno de los mayores problemas al que se enfrenta el mercado del alquiler. Algunas Administraciones Públicas han generado marcos regulatorios que favorecen el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada. Todo esto genera una enorme inseguridad jurídica. Pero, además, no se soluciona el problema real que es promover una alternativa habitacional para los colectivos más vulnerables”.

Toribio va más allá y recuerda que, aunque no hay datos oficiales de la evolución de la ocupación en lo que llevamos de 2020, asegura que las nuevas regulaciones desarrolladas por determinados gobiernos autonómicos y municipales, como la catalana, podrían estar empujando a determinados colectivos a utilizar cada vez más esta vía. “Son un claro efecto llamada hacia la ocupación”, añade.

El perfil actual del okupa

Los expertos coinciden en señalar que hace muchos años el perfil del okupa coincidía con una persona vulnerable socialmente. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los okupas son personas sin necesidades sociales que aparecen en los juzgados para declarar “con móviles de última generación”, comenta el juez de primera instancia de Barcelona Fernando Valdivia. Apostilla que han aumentado las okupaciones porque “desde la Administración se está provocando que pase esto, los populismos no ayudan”.

“El problema no está en los juzgados, sino en la cobardía de los políticos que no reconocen que es un proceso antisocial y lesiona la propiedad privada. Hay muy pocos okupas con estado de necesidad. Para muchos es una forma de vivir. Y luego llevan un iPhone de última generación y tienen barriga, es decir, que comen mucho”, señala el magistrado en una ponencia online organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).

En su opinión, la mayoría de okupas son “filoanarquistas, violentos y muy bien organizados, con poca necesidad de vivienda y que la mayoría se va a dormir a sus casas, u ocupantes que son niños de ‘familias bien’ que juegan a okupar”.

Manel Roger, promotor en Barcelona y director de Noucastor, señala que hoy en día los okupas son profesionales y saben perfectamente cuándo ocupar las viviendas de obra nueva, que es justo en el momento de la entrega de las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos. “Son profesionales, cambian las cerraduras y okupan casi todo el edificio para luego “vender” los pisos a personas que quieren realmente okupar por 1.200 o 1.500 euros. Y suelen convocar a más okupas que viviendas hay para sacarle más beneficio (ilegal)”, apunta Roger.

Ramón Riera, fundador y propietario en Eurofincas, comenta que muchos de los okupas se organizan porque “detrás tienen un apoyo logístico, es decir, detrás hay mafias que proporcionan contratos falsos, llaves y también tienen apoyo de organizaciones o asociaciones, como Okupar Barcelona, que te dicen qué tienes que hacer para okupar una vivienda”.

Qué falla para que esté aumentando la ocupación ilegal

Los expertos consultados recalcan que no hay una respuesta rápida y útil por ninguna de las Administraciones y poderes públicos que pueden intervenir en primera instancia. Enrique Vendrell, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y coordinador en el Consejo General de Administradores de Fincas de España, señala que “en la vía penal, a los “okupas” les basta decir que actuaron por necesidad o que alguien les “cedió” la vivienda para evitar la condena penal”.

Además, Salvador Salcedo recuerda que la vía penal, invocando un posible delito de usurpación, tampoco es rápida y eficaz. “Si los okupas niegan el acceso a la policía, previa denuncia del propietario, éste deberá acudir al juez y con bastante probabilidad celebrarse juicio”, señala para añadir que se acordará el desalojo una vez se dicte sentencia de condena, procedimiento que se prolongará durante varios meses.

En la vía civil, Vendrell asegura que ha mejorado la situación tras la última reforma procesal de 2018 (Ley 5/2018 de 11 de junio) limitada a viviendas y a propietarios particulares (no a bancos, socimis o promotoras). Sin embargo, “la falta de agilidad procesal provocada por la escasez de medios y de recursos provocan una demora injustificable para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo cual es aprovechado por los ocupantes y por las organizaciones que los dirigen, perfectamente conocedores de la ineficiencia del sistema judicial y de la lentitud del proceso, cuyo trámite se esfuerzan en entorpecer a fin de obtener el máximo beneficio de las ocupaciones”, subraya Vendrell.

El conocido como procedimiento de “lanzamiento express” para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas no ha dado sus frutos porque “a pesar de que los ocupas tenían un plazo de cinco días (desde que eran requeridos) para presentar el título que justificase su okupación y si no lo presentaban en 20 días debían ser desalojados, al tener una ley muy garantista, lo que hacen los okupas es presentar contratos de arrendamientos falsos u otros documentos (también falsos) que acreditan una ocupación”, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.

Por eso, en opinión de Zurdo, hoy en día antes de 7-8 meses es difícil recuperar la posesión de la vivienda ocupada.

Y ante la larga espera que sufren los propietarios por recuperar su vivienda, han surgido empresas que evitan acudir a la vía judicial. Es el caso de Desokupa, una empresa que ejerce técnicas (el control de acceso, por ejemplo) para devolver la casa okupada a su dueño en menos de una semana y por un precio de unos 3.000 euros.

Qué cambios hay que hacer en las leyes para agilizar los desalojos

Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España abogan por modificar la Ley que regula los procedimientos penales (Ley de Enjuiciamiento Criminal) para establecer medidas específicas que se puedan acordar provisionalmente desde el inicio de una denuncia penal a fin de que las Fuerzas de Seguridad puedan intervenir desde el primer momento en que es detectada y denunciada por el titular una ocupación ilegal que, además, supone un hecho delictivo.

También aboga por dotar de competencias a los ayuntamientos para que puedan ejercer competencias propias contra la ocupación ilegal (que puedan actuar judicialmente vía juicio verbal sumario), dado que alteran la convivencia en el inmueble y en el vecindario, provocan conflictividad social y generan problemas de seguridad.

Desde la Agencia Negociadora del Alquiler señalan que “la única manera posible de que sea efectiva una ley que ya tenemos para evitar la ocupación de viviendas (ley 5/2018 del 11 de junio) es exigir que se cumpla y que no caigan los jueces ni los árbitros en las trampas que les tienden los okupas para ganar tiempo, presentando contratos de arrendamientos falsos”.

José Ramón Zurdo, además, propone modificar el código penal para endurecer la pena del delito de usurpación y que sea una pena de prisión menor (y no una simple multa). También aboga por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitiendo que las desocupaciones de viviendas sean tramitadas por órganos administrativos como los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. “Y luego con los okupas ya fuera de las viviendas, que se inicien los procedimientos judiciales por si se hubiera vulnerado algún derecho de los ocupantes, o sea en otras palabras, cambiándose el orden de proceder actual”, sentencia.

Desde ASVAL también piden un marco regulatorio que promueva una alternativa habitacional y que las Administraciones Públicas aumenten el parque de viviendas social en alquiler porque en España apenas representa un 2% frente al 30% de Países Bajos o el 17% de Francia y Reino Unido.

Santa Cruz de Tenerife reivindica los 33 millones del Fdcan para paliar la crisis en Canarias

La ciudad calcula que le corresponden 3,6 millones procedentes Fondo de Desarrollo Canario | Recurrirá a un crédito de 40 millones de euros para salvar la caída de ingresos

Santa Cruz de Tenerife reivindica que los 33 millones de euros que les corresponderían a los ayuntamientos por el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) se inyecten de manera directa en las arcas de los 88 municipios canarios. De esta manera, la capital tinerfeña y el resto de corporaciones locales tendrían un pequeño balón de oxígeno para paliar los efectos de la crisis provocada por la Covid-19.

«La configuración que se hizo en su momento del Fdcan ya no tiene sentido. Estamos en una economía de guerra y, al menos, mientras dure la crisis debemos recibir los ingresos que perdimos por el Fdcan», explica el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien aboga por «pactar las inversiones o transferencias de capital a los municipios».

Santa Cruz de Tenerife no sería la única localidad en beneficiarse de esta inyección de capital, pues La Laguna recibiría 2,3 millones de euros, Arona tendría más de un millón, Las Palmas de Gran Canaria ingresaría más de 5 millones; Telde, 1,4 millones; San Sebastián de La Gomera, 235.975 euros; Santa Cruz de La Palma, 268.398 euros; Valverde, 198.952 o los 926.910 euros que obtendría Arrecife.

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Los administradores de fincas de Tenerife subrayan la «ilegalidad» de estigmatizar a vecinos por temor al coronavirus

En los últimos días se han extendido los casos de vecinos que cuelgan carteles en ascensores y otros espacios comunes identificando a residentes para que abandonen sus viviendas por trabajar en farmacias, hospitales o supermercados

Las normas de protección de datos impiden que se pueda identificar a un vecino de un edificio que haya contraído la COVID-19 ni su vivienda y tampoco se pueden utilizar las zonas comunes de la comunidad para dejar notas, indica el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife.

Esta entidad señala que en una formación por internet organizada por este colegio profesional, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro aclaró que si el presidente de una comunidad de vecinos tiene conocimiento de que un comunero está contagiado por coronavirus puede pedirle que adopte las medidas de seguridad, pero no comunicar su identidad o datos a otros vecinos.

El Colegio de Administraciones de Fincas aclara este asunto después de las noticias publicadas de que hay vecinos que están dejando notas a otros residentes, profesionales de la salud o que trabajan en supermercados, para que abandonen el inmueble en el que viven en previsión de contagios.

Sin entrar a valorar la calificación moral de los individuos que realizan o comparten ese proceder, la presidenta del Colegio tinerfeño, Carmen Suárez, advierte de que no se pueden usar las zonas comunes individualmente para poner notas en el portal, en la cabina del ascensor, en las paredes o en una puerta, ni siquiera en el tablón de anuncios de la comunidad.

Y si bien estas incidencias pueden ser reportadas a la junta de propietarios, añade que las notas amenazantes ya no son una cuestión de la comunidad, sino directamente casos que hay que denunciar ante las autoridades.

En todo caso, matiza que son casos aislados, que no representan a las comunidades de propietarios, «en las que mayoritariamente se está viendo el apoyo y la solidaridad entre vecinos», señala.

Guía de la ‘nueva normalidad’ en la Comunidad Canaria

Limitaciones de aforo, apertura de parques infantiles y discotecas… Así es la nueva vida cotidiana para evitar nuevos brotes de COVID-19

En el mes de junio el Gobierno publicó el decreto ley para regular la ‘nueva normalidad’, vigente en todo el territorio a partir del domingo 21 de junio, cuando finalizó el plazo del estado de alarma. Entre las medidas que entraron en vigor se mantiene el uso de mascarilla obligatorio en el transporte público y en cualquier lugar en el que no se pueda mantener el metro y medio de distancia obligatorio en todo el territorio. Por otra parte, desaparecen las restricciones de movilidad entre comunidades y se recomiendan medidas para la reincorporación progresiva del trabajo presencial, si bien se fomenta el teletrabajo.

Muchas de las decisiones de las próximas semanas como, por ejemplo, la limitación de aforo en bares, tiendas o lugares de ocio, dependen de las comunidades autónomas. 

Las medidas concretas para Canarias

Aforo limitado: el Gobierno regional establece, como norma general, una ocupación máxima de 1.000 personas para espacios abiertos y de 300 en espacios cerrados. Los comercios no podrán superar el 75% de la ocupación. Para bares, restaurantes, establecimientos turísticos, bibliotecas, museos, cines y otros espacios culturales no habrá aforo limitado.

Actividades en grupo: se restringe a un máximo de 30 personas cualquier actividad deportiva al aire libre y se reduce a 25 para interiores.

Playas: queda establecido un espacio de cuatro metros por persona. Los deportes en estas zonas deberán practicarse de manera individual o en parejas, evitando el contacto físico.

Parques infantiles: quedarán abiertos.

Fiestas populares: por el momento no se permitirán.


Comunidades de vecinos: extremar limpieza y solo uno en el ascensor

Gobierno de Canarias recomienda medidas excepcionales para evitar contagios como pulsar el botón del ascensor con el codo y evitar el contacto personal

Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y  el Consejo Canario de Colegios de Administradores de Fincas, recomienda a las comunidades de vecinos adoptar medidas sanitarias y de limpieza excepcionales en las zonas comunes de las viviendas dependientes del Icavi para frenar la expansión del coronavirus o Covid-19 entre los residentes de esas urbanizaciones o bloques.

El Icavi, siguiendo varias de las recomendaciones del Colegio de Administradores de Fincas, solicita a los residentes en las viviendas del parque público su máxima colaboración e implicación para seguir una serie de actuaciones preventivas en los portales, escaleras y otras zonas comunes que pueda haber.

En este sentido, los vecinos y vecinas deben mantener una distancia de seguridad mínima de un metro entre ellos y evitar el contacto personal.  Está prohibido el uso de las zonas comunes como azoteas, patios o espacios destinados a las reuniones de comunidad o de vecinos.

El Icavi también recomienda a los responsables de cada comunidad a colocar carteles informativos con las medidas de higiene recomendadas, así como hacer constar del cierre de las zonas comunes.

En el caso de usar un ascensor, se aconseja no usarlo más de una persona a la vez, y pulsar el botón necesario con el codo o el dedo protegido, para evitar contagios.

El Instituto Canario de la Vivienda recomienda a las comunidades de propietarios incrementar la limpieza y el mantenimiento de estos edificios, y poner especial énfasis en los ascensores, pasamanos, pomos de puerta y porteros automáticos que suelen usar todos los vecinos.

Asimismo, Icavi recuerda a los residentes en una vivienda de titularidad pública que los trámites administrativos están aplazados a causa de las medidas de prevención del Real Decreto que activa el Estado de Alarma en todo el país, y por tanto aquellas comunidades o vecinos a título individual que tuviesen gestiones pendientes con el Instituto, podrán postergarlas hasta nuevo aviso.

El Icavi hace un llamamiento también a las comunidades de propietarios de edificios o urbanizaciones particulares para que se sumen también a estas recomendaciones, como ya les ha solicitado públicamente el Colegio de Administradores de Fincas.

fuente: http://espiral21.com/

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