Una comunidad de propietarios absuelta de resarcir a una vecina por tener que desalojar el edificio en rehabilitación

Las obras no solo le perjudicaron  a ella sino que han afectado por igual a todos los vecinos, quienes tampoco han podido disfrutar de su piso

La Audiencia Provincial de Burgos absuelve a una comunidad de propietarios de pagar a una vecina los gastos del alquiler de otra vivienda, al verse obligada a desalojar su piso durante el tiempo que duraron las obras de rehabilitación del edificio comunitario. Los magistrados tienen en cuenta que la demandante no impugnó el acuerdo tomado en la junta de propietarios, así como el hecho de que el desalojo ha afectado por igual al resto de vecinos.

El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda ya que, conforme al art. 9.1 c) de la Ley de Propiedad Horizontal, la actora tiene derecho a percibir una indemnización por el desalojo de la vivienda mientras duraron las obras de rehabilitación. Sin embargo, considera que la indemnización solicitada no es imputable a la culpa o negligencia de la comunidad de propietarios sino que el periodo en que se prolongaron las obras (siete años y ocho meses) fue debido a que la empresa constructora contratada fue declarada en concurso, y por eso moderó la indemnización.

Sin embargo, la Audiencia Provincial estima la impugnación formulada por la comunidad de propietarios y desestima la demanda.

Destaca el Tribunal que, en este caso, se trata de una obra de rehabilitación integral del edificio, con vaciado completo de su interior, exigida por el Ayuntamiento, y que fue debidamente acordada en Junta de propietarios.

Acuerdos de la junta  de propietarios

Aunque la demandante mostró su desacuerdo, no impugnó los acuerdos válidamente adoptados por la Junta, ni la necesidad de desalojar las viviendas para su ejecución.

A la vista de ello, la Sala concluye que la comunidad de propietarios no tiene obligación alguna de indemnizar a la comunera accionante por los perjuicios que dicho desalojo le ha ocasionado por cuanto que las obras no solo le han perjudicado a ella, sino que han afectado por igual a todos los vecinos, quienes tampoco han podido disfrutar de su piso o local mientras han durado aquellas.

Además, añade la sentencia, la rehabilitación integral del edificio ha redundado en un beneficio para toda la comunidad revalorizando un edificio que estaba en estado semirruinoso.

fuente: noticias.juridicas.com

El precio de la vivienda libre crece un 9,4% en Canarias en el segundo trimestre

  • Las Islas registraron un incremento respecto al mismo periodo de 2021 superior al conjunto nacional, que fue de un 8%
Viviendas nuevas en construcción.

El precio de la vivienda libre aumentó un 9,4% en Canarias en el segundo trimestre, con respecto al mismo periodo del año anterior, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este jueves que recoge también que la subida trimestral es del 2% y la acumulada en lo que va de año un 6,5%.

En el conjunto del país el precio subió un 8% en el segundo trimestre en tasa interanual, medio punto por debajo del crecimiento del trimestre anterior, cuando registró su mayor repunte en casi 15 años.

Con el aumento del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula ya 33 trimestres de crecimientos interanuales, lo que equivale a algo más de ocho años de alzas continuadas.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva se incrementó un 8,8% en comparación con el segundo trimestre de 2021, lo que supone 1,3 puntos menos que la tasa interanual registrada en el primer trimestre de 2022.

Por su parte, el precio de la vivienda usada aumentó un 7,9% en tasa interanual, tres décimas por debajo del crecimiento experimentado en el trimestre anterior.

Baleares lidera el aumento anual de los precios

En el segundo trimestre, la tasa interanual del precio de la vivienda libre disminuyó en todas las comunidades autónomas salvo en La Rioja y País Vasco, donde aumentó seis y dos décimas, respectivamente.

Los mayores descensos, por contra, se produjeron en Extremadura y Canarias, con retrocesos de 1,6 y de 1,5 puntos, respectivamente.

Baleares, con una tasa del 10,9%, es la comunidad autónoma donde más se ha encarecido el precio de la vivienda libre entre el segundo trimestre de 2021 y el mismo periodo de este año. Le sigue Andalucía, con un alza del 10,2%. Estas dos comunidades son las únicas con ascensos interanuales de dos dígitos.

Por su parte, los repuntes interanuales más moderados los registraron Extremadura y Castilla-La Mancha, donde los precios subieron un 5,3% y un 6%, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2021.

Se modera el crecimiento trimestral

En tasa intertrimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda repuntó un 1,9% entre abril y junio, siete décimas menos que en los tres primeros meses de este año. Con el avance del segundo trimestre, se acumulan ya seis trimestres seguidos de alzas en el precio de la vivienda.

Los precios de la vivienda nueva apenas experimentaron variación en el segundo trimestre, con una subida trimestral del 0,1%, frente al crecimiento del 3,2% experimentado en el primer cuarto del año. Por su parte, los precios de la vivienda de segunda mano aumentaron un 2,3% entre abril y junio, una décima menos de lo que lo hicieron en el primer trimestre.

Los precios de la vivienda subieron entre abril y junio en todas las comunidades autónomas en relación al trimestre anterior. Los mayores repuntes se produjeron en Baleares (+2,9%); Castilla-La Mancha y Asturias (+2,5% en ambos casos), y en Murcia, Cantabria y Andalucía, todas ellas con alzas trimestrales del 2,4%.

En el otro extremo, con los incrementos trimestrales más moderados, se sitúan las comunidades de Madrid y Navarra (+1,2% en los dos casos); Aragón (+1,4%) y País Vasco (+1,5%). En la ciudad autónoma de Ceuta, el aumento fue todavía más moderado, del 1%.

fuente: https://www.eldiario.es/

Un administrador de fincas logra en Arona una desocupación exprés »con la ley en la mano»

La rápida actuación de la Policía Nacional a una pronta denuncia permite desalojar y detener a unos okupas menos de 24 horas después de cometer el delito

Okupas en una vivienda del sur de Tenerife. / Archivo AH
Okupas en una vivienda del sur de Tenerife. / Archivo AH

Un nuevo caso de okupas en el sur de Tenerife, concretamente en Las Américas, Arona, ha resultado con un final feliz para los propietarios de la vivienda en menos de 24 horas y con la intervención pacífica de la Policía Nacional. Todo ello, gracias a la rápida denuncia impuesta por el administrador de fincas de la urbanización, José Antonio Acevedo. “En el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife lo único que queremos es que se haga todo con la ley en la mano”, afirma orgulloso.

El caso ocurría el pasado fin de semana cuando varios vecinos se sobresaltaron por la noche al escuchar un cristal romperse y ver acceder a una persona a esta vivienda, que se trata de la casa isada para vacaciones y días libres de una pareja octogenaria residentes en La Laguna, pero no se quedó a pasar la noche.

Rápida actuación

Con la alerta en marcha, Acevedo recibió la información y se dirigió a la comisaría a primera hora de la mañana siguiente. “Cuando hay que dar palos a la policía los doy, pero quiero agradecer en este caso a la Policía Nacional la actitud proactiva, que creo que es lo básico en todo esto en los compañeros que se encuentren en cualquier cuerpo de seguridad del estado y las ganas que tengan de resolver el problema”, reconoce José Antonio. “Lo he hecho tres veces y me ha funcionado dos. La que no, la persona que recibió la denuncia no fue proactiva y cuando le hablas de posibles okupas se retira y dice que lo resuelvan los juzgados”, agrega.

Así, añade que “por la mañana aparecieron tres ciudadanos marroquíes intentando ocuparla. Ya habían robado lo que había dentro. La policía se persona, los identifica y se los lleva detenidos por allanamiento de morada y robo de enseres. La imputación que haga el fiscal es otra cosa”.

Vivienda declarada ‘morada’

José Antonio Acevedo señala que la clave está en la declaración de la vivienda como ‘morada’, por lo que por un allanamiento de la misma la policía debe actuar inmediatamente. “Para mí, evidentemente es una morada de estos señores porque vienen a pasar sus vacaciones y días libres. Tienen enseres. Por lo tanto, es una morada a los ojos de la ley, su segunda morada. Es un delito muy grave y una vez acreditado no hay mucho más que hablar”, expone el administrador de fincas colegiado.

El “gran problema” está en que jurídicamente se dice que tiene que denunciar el perjudicado, “pero esto es un poco mentira o una excusa, porque realmente cualquier ciudadano español que conoce que se está llevando a cabo un delito puede denunciar”. Acevedo señala que los afectados, además de su avanzada edad, tienen la particularidad de que la mujer está impedida y la cuida el marido. “No podían salir de su casa por su situación personal, que la mujer no puede estar sola”. En este caso, el administrador de fincas presentó la denuncia, porque era conocedor de un delito. “Si no, esos okupas se quedan varios meses y la denuncia es más compleja”, apunta.

Castigo a los okupas

Aclarando que no habla de familias que no han podido seguir pagando un alquiler o son afectados por los desahucios, Acevedo expresa que “esta gente –refiriéndose al perfil de “okupas sinvergüenzas” desalojados en este incidente- no tienen derecho ninguno a permanecer en la vivienda, ni a que entendamos que son okupas. Estas personas deben ser castigadas”.

Asimismo, relata que luego “empiezan los matices y los problemas”, como los propietarios que pueden tener cuatro apartamentos y los tiene en alquiler… “A ver, eso sigue siendo un allanamiento, no de morada, pero hay unos daños y un robo de material si has cogido cosas de la casa… Hay que actuar de la misma manera y siempre va a depender de que la policía o la Guardia Civil quiera resolver el problema rápidamente”, sentencia.

El hervidero del sur

El sur de Tenerife ha sido un hervidero de okupación en los últimos años y centro de conflictos vecinales al respecto. “Así se ha permitido y ha sido un problema gravísimo”, sintetiza José Antonio. “Y lo curioso es que la gente se justifica diciendo que si los pisos son de un banco, que si fondos buitres… No es cierto. Solo son okupados el 10% el resto a propietarios, extranjeros o nacionales que no están aquí. Hay una estadísticas que compartió el colegio donde casi el 80% de los casos no son familias con niños que no tenían donde vivir. Eso es un cuento de hadas. Hablamos de gente que se mete para montar el tenderete, de los que estamos hablando rompen la convivencia”.

Movimiento ‘Desokupa’

“Yo a un propietario no le puedo reprochar nada por sacar a gente de su casa, porque no sé la desesperación que tiene. No sé si la violencia contenida fue la de los okupas, que fueron los verdaderamente violentos que entraron (sic)”, comparte Acevedo respecto a la polémica que rodea al movimiento ‘Desokupa’. “A mí me han tirado vasos de agua, piedras, denunciado ante la prensa… Solamente iba a solicitarles, yo solo, que abandonaran la casa, porque no era de ellos”.

No obstante, explica que no es partidario de empresas externas para desocupar “porque muchas veces lo que hacen es pagarle a los okupas y eso crea un nuevo sistema, que es el de voy a ganar dinero siendo okupa”, analiza. “No estoy de acuerdo con eso, sino con que la ley lo saque, la policía”, expresa.

“Nunca voy a demonizar a la persona que tuvo que tomar la medida oportuna que pensó parar recuperar su vivienda, mientras no haya una violencia incorrecta”, agrega en su sentencia final.

fuente: www.atlanticohoy.com

Entra en vigor la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal

Las comunidades de propietarios podrán sancionar al moroso privándole del uso de instalaciones o elementos comunes no esenciales

El jueves 16 de junio, ha entrado en vigor la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según se desprende de su preámbulo, son tres los motivos que justifican la urgente y necesaria adopción de las medidas incluidas en la presente normativa:

En primer término, el grave deterioro del parque edificatorio y de la vivienda en particular. En concreto, para que nos hagamos una idea, más de la mitad de los edificios residenciales de nuestro país son anteriores a 1980, el 84% tienen malas calificaciones en consumo energético y un 75% no son accesibles. De hecho, hasta un 40% de los edificios de cuatro o más plantas no dispone, a estas alturas, de ascensor.

En segundo lugar, la necesidad de que nuestro país responda ágilmente a los retos nacionales y europeos en materia de rehabilitación edificatoria. Así, entre otros cometidos, España debe cumplir con su compromiso adoptado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que fija un crecimiento de la actividad rehabilitadora de carácter exponencial y sin precedentes en nuestro país.

Por último, el tercer motivo que justifica la urgencia y la necesidad de las medidas aquí adoptadas deriva de manera directa de la oportunidad de destinar a corto plazo un importante volumen de recursos en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Principales cambios

Alejándonos de las ayudas e incentivos fiscales previstos en la Ley que buscan fomentar aún más la actividad de rehabilitación edificatoria residencial, la nueva norma incluye determinadas modificaciones en el régimen de las comunidades de propietarios establecida en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, aplicable a las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovable de uso común, estableciendo un régimen de mayoría simple para la realización de tales obras, así como para la solicitud de ayudas y financiación para su desarrollo.

Asimismo, se establece que el coste de tales obras o actuaciones o el pago de las cuantías necesarias para cubrir los préstamos o financiación que haya sido concedida para tal fin tendrá la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas de preferencia establecidas en el art. 9.1 e) de la LPH.

Además, entre otros cambios, se ha decidido modificar las obligaciones del propietario, a los efectos de incluir la aportación a los mencionados gastos.

Por último, en términos generales, también se introducen modificaciones en el régimen del impago de los gastos comunes, medidas preventivas de carácter convencional, reclamación judicial de la deuda, mediación y arbitraje.

El moroso, en el punto de mira

Por primera vez, “se dota a las comunidades de propietarios de capacidad sancionadora, legitimándolas para que puedan sancionar al moroso privándole del uso de instalaciones y/o elementos comunes que no sean esenciales y para establecer intereses superiores al interés del dinero, siempre y cuando no sean desproporcionados, algo que ya venían admitiendo los tribunales, pero que ahora se legaliza para que no quede duda de la validez de estos pactos”.

Cerramiento de terrazas: Todo lo que necesitas saber

Cerrar tu terraza es la forma más sencilla de ganar metros a tu casa y evitar el ruido procedente de la calle. Hay opciones que puedes hacer tú mismo, pero otras precisan de obra. ¿Qué permisos se necesitan? ¿Cuál es la ley que lo regula? Te lo contamos.

¿Qué permisos necesito para cerrar mi terraza?

Lo primero que hay que hacer antes de cerrar una terraza de uso privativo, es decir, la propia, es consultar los estatutos de la comunidad de vecinos. En ellos puede figurar si están permitidos los cerramientos y qué tipos se contemplan en tu edificio. En este caso, solo deberás comunicarlo al presidente, informando de la fecha en la que comenzarán las obras.

Por otro lado, si hay registros de otros vecinos que cerraron sus terrazas y no encontraron oposición, tú también podrás hacerlo, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.

Hay cerramientos en el mercado que no influyen en la fachada o que no necesitan obras. Estos, en principio, no requieren ningún tipo de permiso ni licencia. En cambio, aquellos que sí afectan a la fachada o configuración del edificio sí que necesitan permiso.

Según el artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la que regula este tipo de cuestiones, para cerrar tu terraza con todas las garantías legales debes contar con la aprobación de las 3/5 partes de las cuotas de participación en la junta de propietarios en las que se exponga el asunto.

En el caso de que algunos propietarios que no hayan asistido se opongan, tendrán 30 días a partir de la misma para manifestar su oposición. Por lo tanto, es recomendable que planifiques y plantees tu intención para no llevarte sorpresas.

Respecto a los permisos del ayuntamiento que se necesitan para cerrar una terraza, las exigencias varían en función de la localidad. Contratar a una empresa de cerramientos especializada en tu zona te garantizará que conocen la legislación en ese tipo de actuaciones y te dirán cómo hacerlo de la mejor manera posible.

En resumen, para hacer un cerramiento de terraza legal necesitas el permiso de la comunidad de vecinos y del ayuntamiento, ya que es obligatorio para obtener la licencia de obras.

Proceso para cerrar terraza de forma legal

Para cerrar una terraza de uso privativo de forma legal hay que dar tres pasos:

  1. Proyecto de cerramiento de terraza: es el documento técnico donde se especifican el diseño y los materiales que se utilizarán. El ayuntamiento lo precisa para legalizar la actuación.
  2. Permiso de la comunidad de vecinos: es obligatorio contar con el permiso de la comunidad de propietarios, ya que las obras van a causar molestias y la ejecución va a cambiar el aspecto de la fachada exterior.
  3. Licencia municipal para cerrar una terraza: si todo va bien, se ha conseguido la aprobación de los vecinos y se ha presentado el proyecto de cerramiento, el ayuntamiento te otorgará la licencia municipal y comenzar tu proyecto. Tendrás que abonar unas tasas, que varían de un municipio a otro.

¿Cómo denunciar un cerramiento ilegal de una terraza?

“Se entiende por cerramiento ilegal en una comunidad de propietarios aquel que se realiza sin las licencias y los permisos necesarios y que afecta, entre otros, a una zona común, jardín, parte de un patio y/o a una zona individual, por ejemplo, una terraza, que es el más frecuente. Todos afectan al título constitutivo de la comunidad de propietarios, pues, por ejemplo, se modifica la estética de la fachada”, explica César García, director de Acounsel Abogados

El abogado señala dos vías por las que denunciar un cerramiento ilegal:

  • Por infracción urbanística, pues el cerramiento supone incrementar la superficie construida dentro del edificio, lo que modifica la licencia de edificación y en muchos casos supone un exceso de volumetría en el edificio. Por esta vía, deberemos acudir al ayuntamiento en cuestión a interponer la correspondiente denuncia.
  • El cerramiento ilegal también se puede atacar por la vía de la jurisdicción civil. Se convoca una junta de propietarios, se vota demandar al propietario incumplidor y, si se obtiene la mayoría necesaria, se le demanda judicialmente.

¿Cuándo prescribe el cerramiento de una terraza?

Si un propietario cierra su terraza sin haber obtenido la autorización de la comunidad de vecinos, se convocará expresamente una junta en la que se fijará un plazo para que el propietario demuela la obra, devolviendo la terraza a su estado original. Si pasa el plazo y el propietario no ha efectuado la demolición, se le podrá demandar.

Es importante remarcar que si se deja pasar el tiempo sin tomar ninguna medida contra el cerramiento, este se convierte en un derecho adquirido y no puede hacerse nada. La comunidad de vecinos cuenta con un plazo de unos cinco años para oponerse al cerramiento, a contar desde la realización de la obra.

¿Cómo legalizar un cerramiento de terraza?

Si el cerramiento tiene menos de 10 años, se debe hacer un proyecto de legalización firmado por un técnico y solicitar la licencia de obras. Una vez obtenida la licencia, habrá que pagar las tasas e impuestos correspondientes y acudir a la notaría y al Registro de Propiedad para registrar la modificación.

Si el cerramiento de la terraza tiene más de 10 años, no hace falta la licencia de obras, pero sí el proyecto de legalización y registrar la nueva superficie.

¿Cuándo prescribe un cerramiento ilegal de terraza en una comunidad?

El tiempo de prescripción depende del municipio y del tipo de obra. El plazo va desde los cuatro años hasta los 30 (si se ha realizado de forma negligente y en contra de la comunidad de vecinos). Lo normal es un plazo alrededor de los cinco años.

Bruselas aprueba la excepción ibérica para abaratar el precio de la luz

La medida es temporal y estará vigente hasta mayo de 2023. A corto plazo supondrá un ahorro del 20% en la factura de la luz pero, más allá, supone el primer paso para revisar el mercado eléctrico europeo.

Ursula Von der Leyen.

Y se hizo la luz. La Comisión Europea ha aprobado definitivamente la propuesta presentada por España y Portugal, más conocida como la “excepción ibérica”, que permitirá limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad y, en consecuencia, abaratar la factura de la luz.

El visto bueno definitivo llega diez semanas después de que los presidentes de los dos países anunciaran que el Consejo había reconocido las particularidades de la Península Ibérica tras el Consejo Europeo de marzo.

De esta forma, el pacto al que llegaron España y Portugal, tras recibir el permiso del Consejo Europeo para elaborar una isla energética a finales de marzo, fijaba un tope al precio del gas en torno a 40 euros/MWh, con un precio medio de 50 euros/MWh a lo largo de los doce meses que esté en vigor este permiso temporal.

Con ello, el mecanismo permite poner un tope para que el aumento no se traslade a la factura de la luz de hogares y empresas. Las primeras estimaciones calculan que con la medida los usuarios de la tarifa regulada rebajen su factura entre un 15% y un 20%.

El anuncio llega después de una revisión exhaustiva a la propuesta porque intervenir los precios es algo a lo que siempre se ha negado Bruselas. No obstante, con esta luz verde se deja claro que la propuesta no distorsiona el mercado, que garantiza la competencia y que no discrimina a unos consumidores frente a otros.

En un comunicado compartido desde Bruselas, se calcula que, hasta mayo de 2023, la medida supondrá un coste en ayudas directas de 8.400 millones de euros, de los que 6.300 millones corresponderán a España y 2.100 a Portugal.

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que, con estas cifras, la Comisión pone de manifiesto cuál es la referencia en términos cuantitativos de los ajustes que se deben producir. “Es decir, hasta qué punto habría un sobrecoste dentro del sistema si toda la electricidad fuera retribuida al precio del gas”, ha expresado durante una conferencia de prensa.

“La Comisión ha hecho un trabajo ejemplar, extraordinariamente ágil”

  • Teresa Ribera
    “Lo significativo no es tanto la estimación de esa diferencia entre el precio máximo del gas y su coste real, sino que hubiéramos pagado toda la electricidad al coste real del gas”, ha añadido.

Además, Ribera ha destacado que la Comisión ha aprobado el mecanismo ibérico tal y como está plasmado en el Real Decreto-ley 10/2022, cuya convalidación se someterá este jueves a votación en el Congreso de los Diputados.

¿Cómo va a funcionar?
La medida, que viene a ser un alivio para el bolsillo de los españoles y portugueses, contará con ayudas financiadas que se ejecutarán en forma de subvención directa a los productores de electricidad y se destinará a financiar los costes de los combustibles de las centrales eléctricas.

Con ello se espera que durante los seis primeros meses, el límite al precio del gas en el mercado mayorista, conocido como pool, se fijará en 40 euros/MWh y después subirá cinco euros cada mes hasta alcanzar en mayo los 70 euros/MWh.

Respecto al cálculo, Ribera ha aclarado que va a depender “de cada día y casi de cada hora” y que la compensación va a variar en función del precio real. Para ello, los expertos han diseñado una serie de escenarios aunque asegura que “pueden cambiar”.

“Se va a producir un primer precio que introduce ese límite del precio máximo que se autoriza para ofertar el gas y y por encima de ese precio de referencia se produce un ajuste en cada hora repartido proporcionalmente a la energía que contribuye para poder pagar el sobrecoste del gas”, ha precisado.

Ribera ha detallado también que el mecanismo va a ser igual para los dos países, salvo alguna diferencia específica respecto a las tarifas. “Las reglas son las mismas”, ha añadido.

Tal y como ha asegurado Pedro Sánchez en el Congreso, esta medida va a suponer entre el 15% y el 20% en el coste de la electricidad para las economías domésticas y las empresas aunque, a nivel cuantitativo, aún se desconoce cuántos euros va a suponer de abaratamiento en las facturas. Por el momento, se sabe que el cambio será más notable para todos aquellos consumidores inscritos en la tarifa regulada. “España puede estar orgullosa de su papel en la resolución de este asunto”, ha expresado.

Un primer paso para revisar el mercado eléctrico
La guerra en Ucrania y las correspondientes sanciones contra Rusia han supuesto un incremento potencial en el precio del gas que ha repercutido en el precio de la electricidad y de los bienes de consumo en todo el mundo y especialmente en Europa.

En el caso de España, por ejemplo, desde el inicio de la invasión, el precio ha ido en aumento registrando un pico de 214 euros el 8 de marzo.

Paralelamente aumentó el precio de la luz en el mercado mayorista, que ya de por sí se había incrementado desde verano de 2021. El pico registrado en el mercado mayorista fue el 9 de marzo cuando el precio superó los 472 euros/MWh.

Esto ha llevado a que Europa cuestione la efectividad del mercado y se abra a la posibilidad de modificar el actual sistema para adaptarlo a una realidad más verde. Por el momento, los Veintisiete ya van dando pasos marcados por las sanciones impuestas a Rusia y se alejan de la dependencia energética de los materiales fósiles procedentes de Moscú.

Pero el cambio tiene que ser aún mayor y Ursula Von der Leyen ha dado el paso de expresar su interés de reformar el mercado energético de la Unión Europa mirando hacia unas renovables que son “más eficientes y más baratas”.

Con esta postura, se reabre el debate que dividía al continente entre los países del sur como España, Italia, Portugal o Grecia que apostaban por una reforma íntegra del sistema en contra de Alemania o Países Bajos que rechazaban la propuesta.

El camino de la propuesta
Bruselas y la Península Ibérica han tardado más de diez semanas en dar este paso excepcional. Después de que el 25 de marzo los líderes europeos reconocieran las particularidades de la Península Ibérica, ambos países comenzaron a trabajar en la propuesta para enviar un borrador a Bruselas.

En un primer momento, la propuesta abarataba aún más, hasta los 30 euros/MWh el precio del gas, lo que provocó el rechazo por parte del sector eléctrico. Según advirtieron, la medida podría causar relevantes impactos en los mercados a plazos de derivados ya contratados.

Con esa corrección, el 26 de abril, la vicepresidenta tercera del Gobierno anunció que habían alcanzado un acuerdo con Bruselas para fijar finalmente el precio del gas en torno a los 40 euros/MWh que supone una media de 50 euros/MWh durante el año que durará la medida.

Sin embargo, no fue hasta el 6 de mayo cuando los dos países entregaron el borrador a la Comisión para su posterior análisis. En ese momento, Ribera aseguró que los expertos tardarían dos semanas en dar una respuesta. No obstante, el 9 de mayo ya empezaba a conocerse una primea luz verde preliminar, que tanto España como Portugal aplaudieron.

No ha sido hasta este 8 de mayo cuando Bruselas ha dado el visto bueno definitivo. A pesar de las semanas que han pasado desde el anuncio, Ribera ha destacado que la Comisión ha hecho “un trabajo ejemplar, extraordinariamente ágil”.

¿Cuándo empieza a aplicarse?
El paso más inmediato es la convalidación del real decreto de las medidas anticrisis este jueves en el Congreso. El pasado 28 de abril, el Gobierno aprobó el plan pese a que PP y ERC votaron en contra. Pero el apoyo a última hora de EH Bildu logró salvar el decreto.

Después de este paso, el Gobierno ha asegurado que el BOE publicará este jueves una Orden Ministerial, con mayor detalle en la que se especificará la fecha de aplicación del mecanismo, que será a partir del próximo martes y que afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente.

“Será el próximo martes, 14 de junio, y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio. De este modo, las compañías eléctricas y el resto de agentes del mercado tienen plazo suficiente para presentar las garantías económicas que respalden sus operaciones”, explica en el comunicado publicado.

Por tanto, como ha asegurado la ministra de Transición Ecológica, “a partir de la semana que viene podemos disponer de este sistema completamente operativo”.

Por qué comprar una vivienda nueva es la mejor inversión ante la inflación

Obra nueva en Valdebebas, Madrid
Obra nueva en Valdebebas, Madrid

El crecimiento sostenido de la demanda y la tendencia alcista de los precios han convertido a las viviendas de nueva construcción en una de las opciones más rentables del mercado inmobiliario. Teniendo en cuenta que su revalorización es superior a otras tipologías de inmuebles, que es un valor refugio ante la creciente inflación, que se trata de un producto sostenible de calidad y que responde a los nuevos requisitos habitacionales, la inversión en obra nueva no dejará de incrementarse durante los próximos años, tanto para destinar al alquiler como para obtener beneficios con su venta futura.

Los expertos del área especializada en Obra Nueva de Solvia explican las principales razones que convierten actualmente a las viviendas de obra nueva en una gran opción para obtener rentabilidad:

1.Demanda superior a la oferta existente

Según el INE, la compraventa de este tipo de operaciones se incrementó en 2021 un 38% con respecto a 2020. De hecho, en marzo de 2022, último dato registrado, este aumento interanual fue del 15,7%, hasta las 11.510 viviendas nuevas.

Hay mucha demanda embalsada pero poco stock para comprar. Según los cálculos de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), se necesitan entre 120.000 y 150.000 unidades nuevas al año hasta 2030 para cubrir la demanda estructural del mercado. Por tanto, siempre habrá una gran cantidad de interesados en adquirir o arrendar el inmueble de obra nueva en los que se invierta.

2. Revalorización constante

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) ofrecido por el INE establece que los precios de la vivienda nueva subieron en el cuarto trimestre de 2021 un 6,1% interanual y un 2,5% trimestral. Asimismo, tal y como muestran los datos de la Sociedad de Tasación, desde 1985 el precio de la vivienda de obra nueva ha subido de media un 5,6% cada año.

Dado que el desequilibrio entre la oferta y la demanda podría mantenerse, y que los precios de los materiales han alcanzado cotas no vistas, las previsiones apuntan a que el coste de estos inmuebles continuará aumentando durante los próximos años, por lo que, si se compra ahora, la rentabilidad futura de inversión también será mayor.

3.Liquidez inmediata

Es un producto muy atractivo con calidades superiores, que responde a los nuevos requisitos habitacionales y que cuenta con servicios y espacios comunes (piscina, gimnasio, área de juegos infantiles, espaciosos garajes, etc.) que otras viviendas no pueden ofrecer. Esto hace que haya muchas más posibilidades de vender o alquilar rápidamente y obtener, así, ingresos de forma inmediata. Especialmente, si se eligen ubicaciones premium alejadas del centro urbano y muy dinámicas a nivel inmobiliario y económico.

4. Sostenibilidad, valor al alza en la inversión en vivienda, por el que la obra nueva apuesta de forma decidida

La Agenda 2030 se ha convertido en un gran desafío y en la principal hoja de ruta para la sociedad y para las empresas. En este marco, dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ponen el foco en el sector inmobiliario y la construcción. Entre los retos más importantes, está la transición hacia la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la transformación digital, factores cada vez más presentes en la conciencia de los ciudadanos a la hora de adquirir un nuevo inmueble.

Esto ha llevado a que, para los inversores inmobiliarios, esta premisa también resulte imprescindible, lo que convierte a las viviendas de obra nueva en la mejor opción para obtener rentabilidad por sus características sostenibles. Según la última modificación del Código Técnico de Edificación, todos los edificios de nueva construcción deberán maximizar la eficiencia energética o incorporar energías renovables, entre otros muchos aspectos.

5.Nuevas oportunidades de inversión en auge, como el ‘build to rent’

Desde el punto de vista del inversor profesional, este modelo, basado en la construcción de inmuebles para alquilar, se ha convertido en una excelente alternativa. La insuficiente oferta de vivienda en arrendamiento, el atractivo de las viviendas, las dificultades de acceso a la propiedad, o las ayudas aprobadas para potenciar el arrendamiento en la población, han ocasionado que la demanda de vivienda nueva para alquilar esté en pleno apogeo.

Un reflejo de este auge son las estimaciones realizadas por la consultora Atlas Real Estate Analytics en su informe ‘Estado y tendencias del build to rent’, donde se muestra que el pipeline de nuevos proyectos para el alquiler ha aumentado un 13,7% en el último año en España. En este sentido, Solvia cuenta con una amplia experiencia, ya que ha gestionado más de 9.000 contratos de esta tipología.

6.Sin necesidad de reformas y menos costes de mantenimiento

Las viviendas de obra nueva están listas para entrar a vivir, sin necesidad de realizar reformas. Además, son más sostenibles y tienen unos costes de mantenimiento inferiores. Esto se traducirá en un menor gasto por parte de los inversores en caso de que quieran alquilarla o venderla más adelante.

Además, cuentan con unos periodos de garantía para posibles defectos, ya que la Ley de Ordenación de la Edificación establece que todas las promociones de obra nueva están obligadas, por ley, a tener tres tipos de garantías: de un año, para daños materiales por vicios o defectos de ejecución; de tres años, para los desperfectos causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones, y de diez años para cualquier problemática que afecte a los elementos estructurales.

fuente: https://www.idealista.com/

Más de 1.800 viviendas, a la espera de la convocatoria de los fondos Next Generation en Canarias

Actualmente, y gracias a la formación recibida por los colegiados de los dos Colegios de Administradores de Fincas de Canarias en relación a los fondos europeos Next Generation, existe ya el compromiso de al menos 25 comunidades de propietarios dispuestas e ilusionadas­ con la idea de participar en proyectos de rehabilitación integral y energética de sus edificios. En fase de estudio se encuentran las propuestas de otras 47 comunidades, con grandes posibilidades de ser incluidas en las ayudas.

Estamos hablando de que, si se activan ya estos fondos en la forma en que aparecen en el Decreto estatal, existe la posibilidad real de rehabilitar en el período de un año más de 1.800 viviendas únicas, cifra que se alinea con el número de actuaciones que le correspondería a Canarias.

Entre ellos, se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la capital que ha aceptado, inicialmente y cuando se activen, presentar un proyecto por valor de siete millones de euros en obras para solucionar defectos de construcción, tanto estructurales como de aislamiento. Una inversión, a cargo de los fondos europeos Next Generation para la rehabilitación integral y energetica de edificios residenciales, que podría parecer poco asumible se neutralizará con el ahorro de energía que se consigue con la actuación, la financiación ICO a largo plazo, más el beneficio fiscal.

Este fue el positivo escenario que dibujó el agente rehabilitador Patxi Padura en la formación que impartió el pasado 27 de mayo sobre los fondos Next Generation a los colegiados del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, en la que explicó cada una de las líneas de ayuda, requisitos, costes que se pueden incluir y la gestión de estas subvenciones. Sobre esto último, resaltó la figura del agente rehabilitador, la persona o empresa capaz de coordinar todo lo que requieren estas ayudas: los proyectos, acuerdo de la comunidad de propietarios, contratación de las obras, de los profesionales, y financiación.

Al igual que hizo en su intervención en la reciente Feria de Comunidades de Propietarios, también organizada por el CAF tinerfeño, el experto destacó que los fondos europeos son una oportunidad extraordinaria de apostar por el cambio energético, ahorrar energía, alcanzar un mejor confort en la habitabilidad y revalorizar nuestras viviendas.

En un momento de su intervención destacó, por ejemplo, que las deducciones fiscales para los propietarios de viviendas de uso residencial que rebajen el consumo energético podrán beneficiarse de hasta un 60 por ciento en la declaración de la renta de los tres siguientes ejercicios.

En este contexto, el agente rehabilitador avanzó algunos aspectos de la oficina técnica que baraja activar el Colegio de Administradores de Fincas tinerfeño, para acompañar a los administradores de fincas en todo el proceso de gestión de estos fondos para las comunidades que gestionan, y que ofrecerá formación especializada y asesoramiento fiscal y jurídico, y tramitará las ayudas.

Además, animó a los administradores de fincas a no dejar pasar estos fondos, que en nada se parecen a otras convocatorias de subvenciones dirigidas a las comunidades y a propietarios.

No obstante, el especialista pidió al área de Vivienda de la Comunidad Autónoma acelerar la convocatoria de estas ayudas, que en otras comunidades autónomas ya están aprobadas, porque los proyectos se están desarrollando en virtud del Decreto estatal, a falta de conocer las peculiaridades que pueda incluir la normativa canaria.

fuente: caftenerife.org

El Supremo establece que un propietario de una plaza de garaje no tiene derecho a usar la piscina comunitaria del edificio

El Tribunal Supremo ha establecido que tener una plaza de garaje no da derecho a utilizar la piscina de ese mismo edificio. Los jueces han dado la razón a una comunidad de vecinos de la localidad balear de Santa Ponsa en su pleito contra el dueño de una de las plazas de aparcamiento que, a pesar de no ser propietario o no residir en ninguna de las viviendas de la urbanización, quería usar la piscina. Los propietarios de plazas de garaje, dice el Supremo, no son residentes sino “usuarios de una plaza de estacionamiento” y no tienen derecho a usar la piscina.

piscina

Los jueces de la sala de lo civil han estudiado varios acuerdos de esta comunidad de vecinos de Santa Ponsa, en la localidad mallorquina de Calvià. Unos acuerdos firmados en junio de 2017 establecían en su apartado octavo la prohibición “del uso de la piscina (zona deportiva) por los propietarios de garajes que, a su vez, no dispongan de una vivienda en el complejo”. Uno de los propietarios de estas plazas de garaje llevó el caso ante la Justicia.

En primera instancia un juzgado de Palma reconoció su derecho a usar la piscina y estimó su demanda de forma íntegra y anuló esta prohibición. Los propietarios de plazas de garaje también podían utilizar estas instalaciones. La Audiencia Provincial de Illes Balears ratificó esta decisión y la comunidad de vecinos decidió llevar a uno de los usuarios de su garaje hasta la sala primera del Tribunal Supremo. El hombre que inició el pleito ha defendido en todo momento que tiene varias plazas de garaje en el edificio y que “ha venido contribuyendo a los gastos derivados de la piscina de cuyo uso ahora está privado”.

El Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la comunidad de propietarios en una sentencia que, en primer lugar, explica que los dueños de las plazas de garaje no contribuyen a los gastos que generan zonas como la piscina. También que ningún punto de los estatutos autoriza a los dueños de plazas de garaje a usar estas instalaciones. Tienen una plaza de aparcamiento pero “no por ello son residentes, sino usuarios de una plaza de estacionamiento”, explica la sentencia.

Esta comunidad de vecinos, dicen los jueces, estaba facultada para “prohibir expresamente el uso de la piscina” a los que, como este hombre, tuvieran una plaza de garaje pero no una casa ya que “no constaba autorización para ello en los estatutos ni en el título constitutivo”. El acuerdo que le dejaba sin piscina, zanja el Supremo, no afectó a sus derechos como dueño de una plaza.

La piscina es un elemento común pero no está relacionado con el aparcamiento y los coches. “El uso de la piscina es extraño, por ello, a la propia naturaleza y finalidad de adquisición de un garaje”, dice el Supremo.

El Gobierno asegura que la inflación ha tocado techo y alcanzará el 2% en 2023

La ministra está convecida de que el acuerdo alcanzado con Portugal para desacoplar el precio mayorista en el mercado ibérico de la electricidad contribuirá a mitigar la inflación, que cerró abril en el 8,4%. 

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El Gobierno asegura que la inflación ha tocado techo y alcanzará el 2% en 2023. DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que España «ha dejado atrás el pico» de la inflación y que esta irá bajando progresivamente a lo largo de este año, hasta situarse alrededor del 2% en 2023. Calviño, que esta tarde ha intervenido de forma telemática en la XXXVII Reunión del Cercle d’Economia, que se celebra en Barcelona, ha asegurado que el alza de los precios, impulsada por la guerra de Ucrania, es actualmente una de las principales preocupaciones del Gobierno.

«Es una preocupación que nos ocupa y que tenemos que atajar cuanto antes», ha subrayado la ministra, que considera que la inflación, que subió hasta el 9,8% en el mes de marzo, ha llegado ya a su máximo y en la segunda parte del año irá reduciéndose. Su pronóstico es que se sitúe sobre el 2% en 2023. En este sentido, se ha mostrado convencida de que el acuerdo alcanzado con Portugal para desacoplar los precios mayoristas del mercado ibérico de electricidad ayudará a bajar el IPC. Pese a la situación de incertidumbre actual, marcada por la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y el elevado coste de la energía, la economía española está mostrando una gran fortaleza y sigue creciendo de manera sólida y sostenible, según la ministra.

El Gobierno, ha dicho, está abordando su política económica sobre la base de la «máxima prudencia», atendiendo a la responsabilidad fiscal, la justicia social y las reformas estructurales «mirando al futuro». De hecho, gracias al plan de recuperación, la llegada de los fondos Next Generation y esta política económica del Gobierno, «todos prevén que España mantendrá un fuerte ritmo de crecimiento en 2022 y 2023«, por encima de la media europea y de las principales economías del mundo, con una tasa de crecimiento superior al 4 %, ha afirmado Calviño.

La vicepresidenta económica ha precisado que este crecimiento, en cualquier caso, «vendrá muy determinado» por factores como la duración de la guerra, la evolución de los precios de la energía, la recuperación del turismo o el ritmo de despliegue del plan de recuperación. «Tenemos una hoja de ruta clara, el plan de recuperación, los fondos europeos para hacerlo realidad y la intención de aprovechar esta oportunidad extraordinaria. Tenemos también la confianza de que responderemos bien a los retos derivados de esta crisis», ha añadido.

Echando la vista atrás, la ministra ha recordado que estos dos años han estado marcados por la respuesta a la pandemia, en los que el Gobierno ha adoptado medidas «sin precedentes» para proteger el tejido productivo, las rentas de las familias y el empleo. Todo ello ha llevado a la emisión de 140.000 millones de euros de deuda pública que «ya hemos empezado a absorber», dado que un mal uso de esta respuesta a la crisis «podría lastrar las generaciones futuras». Un ejemplo de que la economía española se está recuperando de forma más rápida de esta última crisis es que ha crecido la inversión y que se está creando empleo de calidad gracias a la última reforma laboral, con 1,8 millones de nuevos contratos indefinidos desde entonces. Otro indicador de la recuperación del mercado de trabajo es que quedan 17.000 personas cubiertas por los ERTE, y también es positivo el indicador de la recaudación fiscal.

fuente: www.lainformacion.com

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